La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este miércoles el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en medio de la polémica por el congelamiento de cuentas bancarias a diversos funcionarios públicos. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria descartó que las inmovilizaciones respondan a motivos de persecución política. La titular del Ejecutivo fue contundente al defender los protocolos de la dependencia encargada de rastrear capitales ilícitos. “La UIF nunca le ha cerrado la cuenta a una persona que no esté implicado en lavado de dinero”, sentenció Sheinbaum, dejando en claro que las medidas aplicadas siguen criterios técnicos y no discrecionales. La polémica surgió tras la reciente inmovilización financiera de cuentas pertenecientes a funcionarios de la administración pública. Ante las críticas, la presidenta optó por salir personalmente a defender la legitimidad de los procedimientos de la UIF y deslindar al gobierno federal de cualquier uso político del instrumento. La UIF es la entidad de la Secretaría de Hacienda responsable de detectar operaciones vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Sus decisiones de bloqueo están sujetas a protocolos establecidos y pueden ser impugnadas por las personas afectadas ante el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió esta semana que la UIF puede bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. El fallo aplica cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, y confirma la validez de la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en marzo de 2022. Para brindar certeza jurídica a quienes consideren que sus recursos fueron bloqueados de forma injustificada, Sheinbaum recordó que cualquier ciudadano tiene pleno derecho de presentar un amparo para descongelar su patrimonio. La herramienta constitucional está disponible para todos los afectados, independientemente de su cargo o condición. La presidenta también precisó que los fondos retenidos no permanecerán bloqueados de forma indefinida. Quienes recurran al amparo tendrán garantizada una resolución judicial en un plazo máximo de seis meses, lo que acota los tiempos del proceso y ofrece una vía clara de defensa legal.