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Los casi 8 billones de pesos del ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos podrían convertirse en una fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura sin que estos recursos se contabilicen como deuda pública, afirmó Gerardo López Jiménez, especialista en pensiones, al analizar los alcances de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica.
Explicó que el Sistema de Ahorro para el Retiro administra actualmente alrededor de 73 millones de cuentas individuales, cuyos recursos podrían canalizarse a obras públicas mediante instrumentos financieros estructurados.
“El gobierno encontró la llave para usar el dinero de las pensiones sin llamarlo deuda pública”, afirmó el socio del despacho LS Legal Solutions.
El especialista detalló que, aunque el régimen de inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro ya permite destinar hasta 30% de los recursos a instrumentos estructurados, las Afores solo utilizan una parte de ese margen debido a la falta de proyectos con un marco jurídico claro.
La nueva legislación, dijo, busca cubrir ese vacío mediante vehículos de propósito específico (VPE) como fideicomisos o sociedades que permiten aislar financieramente cada proyecto de infraestructura y emitir instrumentos que pueden ser adquiridos por inversionistas institucionales, entre ellos las Afores.
“Es como si usted tuviera un plan de ahorro para su retiro y su patrón le dijera: voy a invertir una parte de tu fondo en remodelar la fábrica. Usted no sacó el dinero y él no pidió un crédito, pero su ahorro está financiando la obra”, explicó.
Decisión de proyectos quedaría en manos del gobierno
López Jiménez agregó que la legislación contempla la creación de un consejo de planeación estratégica encabezada por la presidenta de la República, que definirá qué proyectos serán considerados prioritarios.
“La presidenta decide qué se construye. El dinero de los trabajadores paga parte de esa cuenta y los trabajadores no tienen voz en esa decisión”, señaló.
Detalló que una vez que un proyecto sea designado como prioritario, se constituirá el vehículo de propósito específico que estructurará el instrumento financiero que podría ser ofrecido a inversionistas institucionales, como las Afores.
En teoría, explicó, cada administradora debe evaluar de forma independiente si el instrumento cumple con los criterios de riesgo y rentabilidad antes de invertir.
Sin embargo, advirtió que si la inversión en infraestructura dentro del portafolio de las Afores aumentara significativamente, el monto involucrado podría alcanzar entre MXN$ 1.2 y 1.5 billones.
“Esto equivale aproximadamente al tamaño del PIB de países como Guatemala o a financiar varios proyectos de infraestructura de gran escala”, indicó.
Riesgos para el ahorro pensionario
El especialista advirtió que el principal riesgo es que los proyectos se definan por criterios políticos y no financieros.
“El primer principio es que la rentabilidad no es negociable”, subrayó.
Explicó que en países como Canadá, Australia o algunas economías europeas los fondos de pensiones sí invierten en infraestructura, pero únicamente en proyectos que generan retornos financieros claros.
“El ahorro para el retiro no es un instrumento de política social; es el patrimonio de retiro de los trabajadores”, afirmó.
También señaló que el regulador del sistema, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), debe mantener su independencia técnica para evaluar los instrumentos financieros.
“La CONSAR no puede convertirse en una ventanilla de aprobación”, advirtió.
Añadió que, aunque la ley establece que la participación de las Afores es voluntaria, podrían surgir presiones políticas que influyan en las decisiones de inversión.
“La independencia de los comités de inversión es la última garantía del trabajador”, dijo.
Inversión en infraestructura no es nueva
Para Moisés Pérez Peñaloza, especialista en pensiones y fundador de Yo Jubilado, la participación del ahorro pensionario en proyectos de infraestructura no es una medida reciente.
“Esto no es nuevo. Sí se amplió el porcentaje, eso es una realidad, pero la posibilidad de invertir en infraestructura siempre había estado”, comentó.
El especialista explicó que este tipo de inversiones son comunes en sistemas de pensiones a nivel internacional, ya que los fondos administran recursos de largo plazo que pueden destinarse a proyectos que requieren inversiones durante varias décadas.
Además, señaló que el crecimiento del ahorro pensionario en México obliga a ampliar las opciones disponibles para invertir esos recursos.
“Va a haber una mayor canalización de recursos a proyectos que requieren mucho capital y que son de muy largo plazo”, indicó.
Sin embargo, advirtió que el principal riesgo es que los proyectos financiados no generen los rendimientos esperados.
“El gran riesgo es que inviertas en proyectos que no funcionen. Si no son exitosos, el dinero que se invirtió no genera rendimiento y entonces el ahorrador final recibe un retorno menor”, explicó.
Amafore defiende reglas de inversión
Ante el debate sobre el uso del ahorro pensionario para financiar infraestructura, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) aseguró que los recursos de los trabajadores continúan protegidos por el marco regulatorio vigente.
El organismo explicó que todas las inversiones del Sistema de Ahorro para el Retiro se realizan bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y deben cumplir criterios estrictos de seguridad y rentabilidad.
Además, recordó que desde octubre de 2024 la CONSAR actualizó el régimen de inversión de las Afores para ampliar el límite en instrumentos estructurados hasta 30% de los activos de las Siefores.
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro señaló que este techo regulatorio ya existía y que la nueva legislación no modifica las reglas que obligan a las administradoras a invertir únicamente en instrumentos que protejan el ahorro de los trabajadores.