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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que inquieta a numerosos trabajadores próximos a su jubilación: el aguinaldo de ciertos pensionados podría reducirse en un 50%, disminuyendo de 60 días de salario a tan solo 30.
¿A quiénes afecta esta reducción y desde cuándo?
El fallo fue dictado el 12 de enero de 2026, cuando la SCJN avaló la reforma al artículo 74 de la Ley del ISSSTEZAC con siete votos a favor. Los efectos se sienten en el pago de aguinaldo de noviembre de 2026.
La medida no afecta a todos los jubilados del país: se dirige únicamente a quienes se pensionen en el futuro bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).
Quienes ya reciben su pensión no tendrán alteraciones en sus beneficios, ya que el principio de no retroactividad de la ley protege sus derechos adquiridos, garantizando que sigan percibiendo 60 días de aguinaldo como hasta ahora.
Para los nuevos pensionados, en cambio, el aguinaldo —que suele distribuirse en dos partes, una a fin de año y otra a inicios del siguiente— se calculará sobre la base de 30 días, lo que implica una reducción respecto del esquema anterior.
El motivo del recorte y su posible impacto nacional
La Suprema Corte basó su decisión en un argumento estructural: la viabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones de Zacatecas. Sin un ajuste de este tipo, el fondo que gestiona los recursos de los jubilados podría enfrentar una creciente presión presupuestal que comprometa su capacidad de pago en el futuro. Es decir, el recorte no elimina el derecho al aguinaldo, sino que lo modifica para garantizar el funcionamiento continuo del sistema.
Si bien esta resolución tiene un alcance local y no altera ni el ISSSTE federal ni los sistemas de pensiones de otras entidades, sienta un precedente jurídico relevante: la Corte estableció que es constitucionalmente válido reducir el aguinaldo de los pensionados cuando el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema.
Este antecedente representa una señal para otras entidades federativas que enfrenten situaciones similares. Ante la eventualidad de que sus fondos de pensiones se vean en riesgo, otros estados podrían mirar hacia el caso de Zacatecas como modelo legalmente permitido para implementar ajustes comparables.
