

Atención, hace solo horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, dio un giro al régimen de arrendamiento en Veracruz al invalidar una norma que obligaba a propietarios a ofrecer otra vivienda a sus inquilinos si pedían la desocupación del inmueble.
En ese sentido, la Suprema Corte, atendiendo al Amparo Directo en Revisión 2265/2023, concluyó en el Pleno del 4 de marzo, que la medida era excesiva para los arrendadores. En el fallo se establece que la norma “impone una carga desproporcionada e injustificada al arrendador y afecta su derecho de propiedad privada”, según el comunicado oficial.

La Suprema Corte invalida una obligación clave para propietarios en Veracruz
El Pleno de la SCJN declaró inconstitucional la última porción del artículo 16 de la Ley de Inquilinato del Estado de Veracruz, que obligaba a propietarios a ofrecer otra vivienda al inquilino desalojado.
Fue así como la Suprema Corte sostuvo que dicha obligación excedía el alcance constitucional del derecho a una vivienda digna y trasladaba responsabilidades del Estado hacia particulares, afectando el derecho de propiedad.
La Suprema Corte define hasta dónde llega el derecho a la vivienda en arrendamientos
El tribunal reconoció que el derecho a la vivienda incluye seguridad jurídica de la tenencia para quienes rentan un inmueble destinado a casa habitación.
Sin embargo, aclaró que esa protección no puede obligar a los propietarios a garantizar vivienda alternativa, ya que corresponde al Estado hacerlo mediante políticas públicas, programas de vivienda y marcos legales adecuados.

¿Qué cambia para propietarios e inquilinos en Veracruz tras el fallo?
En ciudades como Veracruz o Xalapa, un propietario podrá ahora solicitar la terminación del contrato y la desocupación del inmueble sin la obligación legal de ofrecer otra vivienda al inquilino.
Ante un escenario similar, el inquilino deberá desalojar conforme al proceso judicial correspondiente o buscar alternativas habitacionales por su propia cuenta mientras el Estado mantiene la responsabilidad de garantizar políticas de vivienda.















