La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual será enviada el lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión. La mandataria defendió el proyecto como un “asunto de principios” y sostuvo que responde al mandato ciudadano de reducir costos y eliminar privilegios partidistas. La propuesta contempla 10 ejes, entre ellos la eliminación de las listas plurinominales para que diputaciones y senadurías se obtengan por voto directo; una reducción de 25% en el gasto electoral que impactaría recursos del INE, partidos y tribunales; mayor fiscalización con prohibición de aportaciones en efectivo; regulación del uso de inteligencia artificial y bots en campañas; disminución de tiempos oficiales en radio y televisión; fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa como referéndum y consulta popular; voto en el extranjero; prohibición del nepotismo y eliminación de la reelección consecutiva en ciertos puestos a partir de 2030. Sheinbaum afirmó que la reforma busca que “quien quiera ser diputado o senador vaya a buscar su voto” y que los recursos ahorrados se destinen a salud, educación y programas sociales. Desde el gobierno se sostiene que no se vulnera la autonomía del INE ni se trata de un retroceso democrático, sino de una modernización del sistema. Sin embargo, la oposición ha levantado fuertes cuestionamientos. Dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han advertido que eliminar la representación proporcional podría afectar la pluralidad y reducir la presencia de minorías en el Congreso. También señalan que recortar financiamiento sin reglas claras puede generar inequidades en la competencia. El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera dijo que el partido no apoyará la iniciativa porque no incluye salvaguardas contra apoyos económicos a campañas políticas. El tema ha estado muy presente en los últimos meses con acusaciones al gobernante partido Morena, a cuyos líderes se les señala por permitir financiamientos de grupos del crimen organizado. En una publicación en X, Romero dijo que el PAN dijo: “No acompañaremos una #ReformaElectoral que ignore sanciones a partidos que usen dinero que proviene del crimen organizado. Sin elecciones libres y justas, no hay democracia”. Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, acusó que la iniciativa del poder ejecutivo busca “engañar a la ciudadanía” y que la idea de querer eliminar las listas plurinominales en base a una supuesta “consulta al pueblo”, es sólo una herramienta de marketing por parte del gobierno. No sólo los partidos mostraron su descontento. Organizaciones civiles y exautoridades electorales han advertido que cualquier rediseño del sistema debe construirse con amplio consenso para evitar tensiones institucionales. Incluso aliados legislativos han expresado reservas sobre los cambios en representación y financiamiento. Morena tiene por lo pronto una mayoría en el Congreso de la Unión, que no llega a ser calificada, por lo que se anticipa una fuerte discusión en el pleno.