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El Senado de la República aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiofusión que redefine las reglas del juego para usuarios y empresas.
Entre sus disposiciones más polémicas están la exigencia de presentar el Código Único de Registro de Población (CURP) para contratar servicios de internet y la autorización para geolocalizar dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial.
Además, la norma elimina el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reemplazándolo por nuevos organismos reguladores.
La CURP, requisito obligatorio para tener acceso a internet
A partir de esta nueva legislación, todas las personas físicas deberán presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP) para contratarservicios de internet, mientras que las personas morales tendrán que presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Según el dictamen, esta medida busca fortalecer el control de los usuarios y garantizar mayor seguridad en la red, a pesar de que diferentes sectores expresaron preocupaciones sobre la protección de datos personales.
Además, las empresas proveedoras estarán obligadas a conservar la información de sus usuarios durante dos años y a entregarla a las autoridades que lo soliciten, con un plazo máximo de 24 horas para responder.
Geolocalización sin orden judicial y eliminación del IFT
Una de las disposiciones más controvertidas es que las autoridades podrán solicitar la localización en tiempo real de teléfonos móviles sin requerir autorización judicial previa.
Esta medida, justificada en nombre de la seguridad y la procuración de justicia, fue duramente criticada por opositores y organizaciones civiles, quienes advierten sobre la posibilidad de un "Estado vigilante".
La nueva ley también oficializa la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyos roles serán absorbidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que contará con cinco comisionados nombrados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Restricciones a propaganda extranjera y beneficios sociales
Otro punto importante del dictamen prohíbe a los concesionarios de medios de comunicación transmitir propaganda política o gubernamental proveniente de gobiernos extranjeros, con excepción de contenidos culturales, turísticos o deportivos. Las empresas que violen esta norma podrán enfrentar multas de hasta el 5% de sus ingresos.
En contraste con las medidas más restrictivas, la ley también plantea un enfoque social: promete ampliar el acceso a internet de banda ancha en zonas marginadas, beneficiando a más de 15 millones de personas.
