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La Ley de Vivienda en México fue modificada para incorporar un nuevo concepto de “vivienda adecuada”, el cual sustituye al de “vivienda digna y decorosa”.
La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 2026 y establece siete criterios que deberán tomarse en cuenta en las políticas públicas relacionadas con vivienda.
Los nuevos lineamientos servirán como referencia para programas de construcción, financiamiento, renta y acceso a la vivienda impulsados por las autoridades y organismos públicos.
Los siete requisitos que incorpora la Ley de Vivienda
De acuerdo con la reforma, una vivienda adecuada deberá considerar los siguientes siete elementos:
- Accesibilidad.
- Asequibilidad.
- Habitabilidad.
- Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura.
- Ubicación.
- Seguridad en la tenencia.
- Adecuación cultural.
La ley señala que la accesibilidad busca que las viviendas puedan ser utilizadas por personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con movilidad limitada.
La asequibilidad establece que los costos de compra, renta o mantenimiento no representen una carga económica desproporcionada para las familias.
En cuanto a la habitabilidad, las viviendas deberán ofrecer espacio suficiente, seguridad estructural y condiciones que protejan a sus habitantes frente a riesgos ambientales o sanitarios. Además, deberán contar con acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica.
La ubicación considera la cercanía con servicios de salud, educación, transporte y centros de trabajo, mientras que la seguridad en la tenencia busca brindar certeza jurídica sobre la propiedad o posesión de la vivienda.
Por su parte, la adecuación cultural plantea que las viviendas respeten las características sociales, culturales y comunitarias de quienes las habitan.
Así impactará la reforma en los programas de vivienda
Los siete criterios incorporados a la Ley de Vivienda serán utilizados como referencia en programas federales relacionados con la construcción, el financiamiento y el acceso a vivienda social.
La reforma también amplía las facultades del Infonavit y el Fovissste para participar en proyectos de construcción, rehabilitación, adquisición y arrendamiento de viviendas, además de desarrollar programas de renta social dirigidos a trabajadores sin acceso a créditos hipotecarios tradicionales.
Con la publicación del decreto en el DOF, las autoridades deberán considerar el nuevo concepto de vivienda adecuada en las políticas públicas, los programas de financiamiento y los desarrollos habitacionales que impulsen en el país.