Un criterio inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió por completo la idea de que el ahorro para el retiro es intocable. A partir de esta resolución, los recursos acumulados en las Afore pueden ser utilizados para cumplir con obligaciones legales clave, como la pensión alimentaria. El fallo establece que sí es posible embargar una cuenta de Afore, pero únicamente en situaciones específicas. Esto ocurre cuando una persona tiene una deuda por pensión alimentaria, se encuentra desempleada y no cuenta con bienes (como propiedades o vehículos) que puedan ser utilizados para cumplir con esa obligación. En estos casos, un juez puede autorizar el uso de los fondos del retiro para garantizar el pago. La Suprema Corte dejó claro que no se trata de una medida general, sino de una herramienta excepcional para proteger a niños y niñas cuando el deudor no tiene otra forma de responder. La resolución fija límites muy claros. El embargo no puede superar el 10% del saldo acumulado en la Afore, y solo puede ejecutarse bajo condiciones reguladas. Además, la medida puede aplicarse a partir del día 46 desde que la persona queda desempleada, siguiendo criterios similares a los retiros parciales por desempleo establecidos en la ley. Esto asegura que el impacto sea proporcional y no deje completamente desprotegido al trabajador o pensionado. El eje central de esta decisión es el “interés superior del menor”, un principio constitucional que obliga al Estado a garantizar el bienestar de niños y adolescentes. La Suprema Corte consideró que sería contradictorio permitir que una persona use sus ahorros para subsistir, pero no para cumplir con la manutención de sus hijos. Con este criterio, se redefine el alcance de la protección del ahorro para el retiro: ya no es absoluto. Incluso organismos como la Asociación Mexicana de Afores respaldaron la medida, destacando que logra equilibrar dos derechos fundamentales: el de los trabajadores a conservar su ahorro y el de los menores a recibir sustento. Este precedente marca un antes y un después en el sistema previsional mexicano y envía un mensaje contundente: incumplir con la pensión alimentaria puede tener consecuencias directas, incluso sobre el dinero destinado a la jubilación.