En medio del escándalo entre Claudia Sheinbaum y Mario Delgado por el cambio en el Calendario Escolar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, respaldó el nuevo esquema de evaluación impulsado por la Secretaría de Educación Pública al declarar constitucional el Acuerdo 10/09/23, que regula la acreditación, promoción y certificación de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. El pasado 7 de mayo se conoció de manera formal que la Suprema Corte falló de forma inédita sobre las evaluaciones promocionales de los estudiantes y ratificó que “la excelencia educativa no exige modelos rígidos de evaluación ni depende exclusivamente de asistencias obligatorias, altas calificaciones o mayores índices de reprobación”, sino que debe centrarse en “el mejoramiento integral y constante del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento del vínculo entre escuela y comunidad”. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el nuevo modelo educativo sí cumple con el artículo 3° constitucional y garantiza el derecho a una educación básica de excelencia. Según el fallo, las nuevas reglas permiten un sistema “integral, gradual y compatible con el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. Fue así como el Pleno explicó que los criterios de evaluación incluidos en el acuerdo son “graduales, complementarios y subsanables”, por lo que no se limitan únicamente a exámenes, asistencia o promedios numéricos. Por otro lado, destacó que estas medidas buscan “garantizar el acceso, permanencia y participación del alumnado en el sistema educativo”. Con este fallo, la Secretaría de Educación Pública obtiene un fuerte respaldo judicial para mantener un modelo que prioriza procesos de aprendizaje y acompañamiento escolar sobre mecanismos tradicionales de reprobación automática o control estricto de asistencia. La Suprema Corte subrayó que la excelencia educativa debe entenderse como un proceso amplio que impulse habilidades y formación integral. Por ello, reiteró que el objetivo constitucional es favorecer “el desarrollo del pensamiento crítico” y fortalecer la relación entre las escuelas y sus comunidades, sin afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes.