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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que busca cerrar una controversia instalada en torno al uso de recursos públicos. El foco estuvo puesto en una serie de adquisiciones recientes que generaron críticas por su alcance y por el momento en que se realizaron.
El debate giró en torno a distintas cuestiones. Por un lado, la legalidad de las compras. Por el otro, la oportunidad y compatibilidad con los principios de austeridad que rigen al Poder Judicial.
Debido a que la discusión se trasladó rápidamente al plano público, el Máximo Tribunal debió fijar una postura y tomar una decisión concreta.
Ante ese escenario, la Corte anunció que no utilizará los vehículos adquiridos y que iniciará un proceso para devolverlos o reasignarlos. La medida fue comunicada oficialmente y será ampliada en los próximos días por las propias autoridades judiciales.
La Suprema Corte y la decisión sobre los vehículos blindados
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que los vehículos blindados recientemente incorporados a su flotilla oficial no serán utilizados. Según se explicó, se iniciará el procedimiento correspondiente para devolver las unidades o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.
Las ministras y los ministros señalaron que la decisión se adoptó en apego a la normatividad vigente y reiteraron su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. También confirmaron que ofrecerán una conferencia de prensa para detallar los pasos administrativos y los alcances concretos de la medida.
La controversia surgió luego de que se conociera la renovación de la flotilla oficial, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores. Las críticas apuntaron a que la adquisición de vehículos blindados podía resultar incompatible con los lineamientos de austeridad y contención del gasto público.
Gasto público, costos estimados y antecedentes de la compra
Días antes del anuncio, la Suprema Corte había explicado que la renovación de los vehículos respondía al término de la vida útil de las unidades anteriores. Según el tribunal, esos vehículos ya no cumplían con los estándares necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
Hasta el momento, el Poder Judicial no confirmó oficialmente la marca ni el modelo de los nueve vehículos considerados en la adquisición. Sin embargo, informes periodísticos y antecedentes de compras públicas permitieron realizar estimaciones sobre los costos involucrados.
En 2024 se informó que una de las ministras se trasladaba en una camioneta blindada con un valor superior a los dos millones de pesos. Otros reportes señalaron que las nuevas unidades podrían corresponder a modelos con precios base superiores al millón de pesos, a lo que se suman los costos del blindaje y el equipamiento especializado.
Estos antecedentes alimentaron el debate público que derivó en la decisión final de la Corte.
