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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio un golpe estratégico a las finanzas del crimen organizado en México al anunciar sanciones directas contra dos empresarios mexicanos y una red de nueve empresas de logística e importación sospechosas de contrabandear hidrocarburos. El esquema, catalogado técnicamente como “huachicol fiscal”, operaba de forma transfronteriza y servía para fondear de manera directa las operaciones y la expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), las autoridades estadounidenses identificaron a Óscar Guillermo Juraidini Silva y a J. Refugio Ruiz Villagómez como los líderes detrás de una logística corporativa altamente sofisticada. De acuerdo con el Tesoro, este grupo ingresaba a México combustibles refinados en los Estados Unidos evadiendo el pago de impuestos correspondientes, lo que les permitía generar decenas de millones de dólares anualmente en ganancias puras. Este capital ilícito era inyectado de manera inmediata a las estructuras operativas y de lavado de dinero del cártel.
Lejos del clásico robo mediante tomas clandestinas en ductos físicos, esta red operaba bajo un esquema de cuello blanco que se aprovechaba de la vulnerabilidad en los cruces fronterizos. El combustible era adquirido formalmente en refinerías de Texas y otros estados de la Unión Americana, pero al cruzar las aduanas mexicanas la documentación era alterada deliberadamente. La red declaraba los cargamentos bajo clasificaciones arancelarias falsas, presentándolos como productos exentos de impuestos o con tasas mínimas, tales como “aceites usados”, “lubricantes industriales” o “residuos peligrosos”.
Una vez internado el hidrocarburo con un descuento fiscal de facto, Óscar Juraidini utilizaba un entramado de empresas fantasma y de transporte para comercializar el producto, siempre de acuerdo a la OFAC. El combustible se distribuía a precios competitivos en estaciones de servicio formalmente establecidas en el territorio mexicano, introduciendo el flujo ilegal directamente en los canales de la economía formal.
Los reportes oficiales del caso detallan que los márgenes de ganancia no sólo enriquecían al cártel, sino que eran desviados en efectivo para financiar campañas políticas y medios de comunicación locales con el fin de asegurar protección institucional.
Cooperación binacional
La dimensión financiera de este entramado alcanzó niveles sin precedentes en el histórico de la cooperación binacional. A la par de las designaciones de la OFAC, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta conjunta para la banca comercial detallando 22 indicadores de riesgo específicos para detectar transacciones de este tipo.
Tras un monitoreo exhaustivo iniciado el año pasado, el sistema financiero estadounidense interceptó más de 160 reportes de actividades financieras inusuales. Estos movimientos revelaron que la cifra de los flujos de capital detectados en operaciones sospechosas entre México y EE.UU., estrictamente vinculadas al contrabando de energéticos y al mercado negro de combustibles, asciende a la alarmante cantidad de u$s 7,000 millones.
Entre las compañías bloqueadas propiedad de Juraidini figuran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes, además de una filial registrada en el Reino Unido bajo el nombre de Cucumber Sweet Waves Ltd. Por el lado de Ruiz Villagómez, las sanciones congelaron las operaciones de las firmas logísticas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solutions.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que los cárteles mexicanos han expandido agresivamente su portafolio comercial más allá de las drogas tradicionales, convirtiendo al contrabando de combustibles en su principal fuente de diversificación de capital.
Como respuesta inmediata a las designaciones de Washington, en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo total de las cuentas bancarias de los empresarios implicados y de las personas morales relacionadas, asestando un golpe severo a la rentabilidad del corporativo criminal.
