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Una nueva y significativa propuesta de ley en Estados Unidos amenaza con reconfigurar las normas de permanencia para millones de viajeros internacionales, generando especial inquietud entre la comunidad mexicana.
La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene como fin principal reducir el tiempo máximo de estadía permitido bajo ciertas categorías de visado, lo que afecta directamente a quienes permanecen un tiempo considerable en el país por razones de estudio, intercambio o ejercicio periodístico.
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El DHS ha puesto sobre la mesa un cambio radical que afectaría a las visas de estudiantes (F), visitantes de intercambio (J) y periodistas internacionales (I).
Hasta ahora, los portadores de la visa F pueden permanecer en el país por la duración completa de su programa académico, lo que se traduce en estancias potencialmente indefinidas. Sin embargo, si la medida se aprueba, se establecería un límite máximo de cuatro años para los ciudadanos mexicanos, a menos que la duración del curso sea menor.
De manera similar, la visa J para programas de intercambio cultural, científico o educativo también se limitaría a una estancia máxima de cuatro años.
Mientras que las restricciones sobre la visa I, utilizada por periodistas internacionales, en lugar de los cinco años de vigencia actuales, el DHS plantea un drástico límite inicial de solo 240 días, aproximadamente ocho meses, aunque con la posibilidad de solicitar una prórroga.
Cómo afectará las estadías de los visitantes por turismo
A diferencia de las categorías de visas F, J e I, la visa B1/B2, que aplica a viajes por turismo, mantiene su régimen actual de determinación de estadía. Para los portadores de esta visa la duración de la permanencia es establecida por el oficial de inmigración en el punto de entrada a Estados Unidos por un máximo de 90 días.
Aunque la visa permite múltiples ingresos y tiene una validez que a menudo se extiende por hasta 10 años, la estancia máxima por visita no está contemplada en la nueva propuesta y se mantiene generalmente limitada a seis meses. Así, los viajeros frecuentes por turismo y negocios no verían afectados sus límites de tiempo bajo esta iniciativa.