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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que habrá una estrategia de fiscalización más enfocada y rigurosa para el año en curso.
Esta nueva directriz representa un punto de inflexión en la manera como la autoridad fiscal abordará el cumplimiento de obligaciones tributarias, concentrando sus recursos en comportamientos específicos que representan riesgos para el sistema de recaudación nacional.
Operaciones simuladas y factureras: el principal objetivo en la mira del SAT
La administración tributaria colocó en el centro de su estrategia de auditoría a los contribuyentes que realizan operaciones con empresas factureras o nomineras, práctica que se convirtió en una de las principales preocupaciones del organismo recaudador.
Estas entidades, conocidas coloquialmente como “factureras”, emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, permitiendo a terceros deducir gastos que nunca ocurrieron realmente.
El SAT también enfocará sus esfuerzos en identificar a aquellos contribuyentes que presentan pérdidas fiscales de manera recurrente, una señal de alerta que podría indicar manipulación contable.
La simulación de operaciones mediante esquemas de subcontratación irregular representa otro foco rojo para la autoridad, especialmente tras las reformas laborales que limitaron el outsourcing en el país. Quienes participen en estas prácticas enfrentarán no solo la revisión exhaustiva de sus registros contables, sino también posibles sanciones económicas y, en casos graves, consecuencias penales por defraudación fiscal.
Inconsistencias comerciales y abusos fiscales: las conductas que activarán revisiones inmediatas
El organismo recaudador estableció un catálogo preciso de comportamientos que detonarán auditorías automáticas, siendo las inconsistencias entre importaciones o compras versus ventas uno de los principales indicadores de alerta. Esta disparidad sugiere que los contribuyentes podrían estar ocultando ingresos reales o manipulando sus registros para disminuir artificialmente su carga tributaria.
Adicionalmente, el SAT prestará especial atención a quienes introduzcan mercancías al territorio nacional con precios significativamente por debajo de los valores de mercado, práctica que distorsiona la competencia y frecuentemente se asocia con evasión de impuestos aduanales.
El abuso de estímulos fiscales, la falta de pago de retenciones de empleados, las operaciones con paraísos fiscales y las solicitudes de devoluciones improcedentes completan el perfil de riesgo.
Particularmente preocupante para la autoridad son aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva de impuestos resulta notablemente inferior al promedio de su sector económico, indicando posibles estrategias de elusión fiscal.
Modernización del proceso de auditoría: mayor eficiencia y certidumbre jurídica para los contribuyentes
En un esfuerzo por equilibrar la fiscalización efectiva con el respeto a los derechos de los contribuyentes, el SAT confirmó importantes mejoras en sus procedimientos de revisión que buscan hacerlos más ágiles y predecibles.
La autoridad se compromete a realizar únicamente una auditoría por contribuyente cuando se detecten incumplimientos, solicitando únicamente una muestra representativa de las partidas bajo revisión en lugar de exigir el cien por ciento de la documentación.
En cuanto a las devoluciones de impuestos, aunque la ley establece un plazo de cuarenta días hábiles, el SAT promete procesar los reembolsos para personas físicas en apenas cinco días y para empresas en treinta días, una mejora sustancial que beneficiará el flujo de efectivo de los contribuyentes cumplidos.
El organismo público también garantiza la aplicación uniforme de criterios en todas sus oficinas a nivel nacional, eliminando las disparidades regionales que históricamente generaban incertidumbre. Estas reformas procedimentales buscan crear un sistema tributario más eficiente que, con menos auditorías, pero mejor focalizadas, logre mayor recaudación.
