Con el objetivo de eliminar pensiones abusivas que suponen privilegios económicos en detrimento de la ciudadanía, Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para establecer un tope máximo de 70,000 pesos mensuales a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos. Este monto equivale al 50% de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo federal. La medida busca garantizar que ningún exfuncionario reciba montos desproporcionados financiados con recursos públicos, poniendo fin a una práctica que generó inconformidad social durante años. Según trascendió, la reforma establecería excepciones claras. Quedarían fuera del límite de 70,000 pesos los siguientes grupos: En su propuesta, la mandataria argumenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece como uno de sus compromisos fundamentales la construcción de una República de México con trabajo y salario justo, en la que los salarios crezcan por encima de la inflación y se avance de manera progresiva hacia mejores condiciones de retiro para todos los trabajadores. En ese marco, permitir que un reducido grupo de exfuncionarios conserve pensiones de decenas de miles de pesos —muy por encima del promedio nacional— contradice el principio de austeridad republicana y el compromiso de redistribución del ingreso que caracteriza a la actual administración. La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, expuso el fuerte impacto presupuestal que generan los llamados regímenes de pensiones de confianza en distintas entidades públicas. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se registran alrededor de 54,000 jubilados bajo este esquema, lo que implica un gasto anual cercano a los 41,000 millones de pesos. Dentro de este grupo, 2,199 personas reciben pensiones que alcanzan hasta 4.4 millones de pesos netos al año. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, el desembolso anual ronda los 28,000 millones de pesos para cubrir a 14,000 extrabajadores. De ellos, aproximadamente el 67 % percibe ingresos que oscilan entre 100,000 y un millón de pesos anuales. Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con 22,316 jubilados, y al menos 544 excolaboradores reciben hasta 1.8 millones de pesos cada año. Asimismo, en la banca de desarrollo —incluyendo a Banobras, Nafin y Bancomext— se identificaron decenas de exfuncionarios cuyos ingresos superan el sueldo de la actual titular del Poder Ejecutivo.