La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cedido en repetidas ocasiones a las exigencias de Donald Trump, ya sea al detener envíos de petróleo a Cuba, endurecer las políticas migratorias o entregar a figuras del narcotráfico a Estados Unidos.
Sin embargo, al negarse esta semana a entregar a un gobernador en funciones a las autoridades estadounidenses por cargos de drogas, optó por privilegiar la lealtad a su partido.
Después de que Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como contra otros nueve políticos y exfuncionarios de seguridad, Sheinbaum se alineó con el movimiento de izquierda creado por su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. Declaró que los implicados, algunos vinculados a su partido, serían juzgados en México y no en Estados Unidos, en caso de que existan pruebas creíbles en su contra.
Esta postura implica un riesgo de tensar la relación con el presidente estadounidense en un momento clave, cuando se aproxima la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fundamental para una economía mexicana que muestra señales de desaceleración, y en medio de amenazas de posibles acciones militares contra cárteles en territorio mexicano.
La decisión de Sheinbaum ocurre pese a una serie de señalamientos contra otros altos funcionarios, más allá de los incluidos en la acusación, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Está entre la espada y la pared porque entiende lo que está en juego para su gobierno y para la relación con Estados Unidos, especialmente por la revisión del T-MEC”, dijo Arturo Sarukhán, exembajador de México en Washington.
“Pero sabe que si entrega a Rocha, eso puede salpicar a todo y a todos, incluido su mentor político”, añadió.
Rocha ha negado los cargos, que incluyen protección a líderes del cártel de Sinaloa responsables de traficar grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos; compra de votos; y designación de funcionarios corruptos. Al menos dos de los señalados también han rechazado las acusaciones.
Sin embargo, entre la población mexicana persiste la percepción de que algunos altos funcionarios mantienen vínculos con el narcotráfico, pese al compromiso del partido gobernante, Morena, de combatir la corrupción. Sheinbaum ha reiterado ese compromiso, aunque ha dejado atrás la estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador.
“El mayor riesgo para Sheinbaum es que, si hay extradiciones o encarcelamientos, los implicados empiecen a hablar para negociar su libertad”, señaló Duncan Wood, del Wilson Center en Washington.
“Y entonces salga información que nadie quiere conocer”.
Los cárteles han extendido la violencia y la extorsión por casi todo el país, lo que llevó a Trump a afirmar que “controlan” México. Aunque el gobierno de Sheinbaum presume una reducción del 41% en la tasa diaria de homicidios desde septiembre de 2024, un informe reciente de México Evalúa indica que las desapariciones han aumentado 213% en la última década.
Trump ha dejado claro que combatir a los cárteles mexicanos es una prioridad estratégica. Su administración ha designado a seis organizaciones criminales mexicanas, incluido el cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras.
Sheinbaum ha buscado suavizar la relación con Washington mediante el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera y la entrega de casi 100 presuntos miembros del crimen organizado. No obstante, ha rechazado reiteradamente propuestas de intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano y reaccionó con molestia ante la supuesta participación de agentes de la CIA en un operativo reciente en Chihuahua contra laboratorios clandestinos.
La presidenta ha insistido en que la cooperación con Estados Unidos debe limitarse a inteligencia, como en el operativo que derivó en la muerte en febrero de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Además de ese golpe, Sheinbaum ha destacado la detención del alcalde de Tequila —también de Morena— por secuestro y delincuencia organizada como muestra de la “honestidad y responsabilidad” del gobierno.
El jueves, la mandataria aseguró que no habrá encubrimientos, pero insistió en que se requieren pruebas “irrefutables” para vincular a Rocha con el narcotráfico y, de existir, sería juzgado en México. Horas después, un juez suspendió la extradición a Estados Unidos de un presunto capo considerado sucesor de Oseguera.
Analistas prevén que la presión sobre Sheinbaum aumentará en un momento delicado. El Mundial de Futbol, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, inicia el próximo mes en la Ciudad de México, y antes del 1 de julio se deberá decidir si se extiende el T-MEC por 16 años más.
“Una de las principales exigencias de la Casa Blanca es que México actúe contra políticos con vínculos claros con el crimen organizado”, dijo Lila Abed, del Inter-American Dialogue.
“Si no extradita a Rocha, Estados Unidos seguirá presentando cargos contra otros políticos”, añadió.
Rocha y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —también acusado— solicitaron licencia temporal a sus cargos el viernes. Ambos han negado las acusaciones.
En el frente interno, el panorama tampoco es sencillo. La economía se debilita y la popularidad de Sheinbaum comienza a resentirse. Una encuesta de Bloomberg la ubicó esta semana con 51% de aprobación, el nivel más bajo de su mandato, mientras la economía se contrajo en el primer trimestre.
Morena es un partido con múltiples corrientes, sobre el cual la presidenta no tiene control total. Figuras cercanas a López Obrador mantienen influencia, pese a su retiro.
En febrero, Sheinbaum desplazó a Adán Augusto López Hernández —aliado clave del expresidente— de la coordinación de Morena en el Senado, en medio de señalamientos de corrupción que él ha negado. También ha colocado perfiles de su confianza en posiciones clave, como la Fiscalía General.
No obstante, Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador, conocido como “Andy”, conserva un cargo relevante dentro del partido, pese a verse envuelto en polémicas.
Entre ellas, un viaje a Tokio con gastos elevados en hotel y restaurantes, que él ha defendido como pagos con recursos propios, denunciando una “campaña de linchamiento político”.
Por su parte, López Hernández ha enfrentado cuestionamientos por ingresos no declarados superiores a 4 millones de dólares, presuntos vínculos de colaboradores con el narcotráfico y señalamientos en un esquema de robo de combustible. Él ha rechazado todas las acusaciones.
Además, varios elementos de la Marina —incluidos familiares de alto rango del exsecretario Rafael Ojeda— han sido detenidos por su posible participación en redes de robo de combustible y contrabando multimillonario.
“El problema de fondo es la alianza entre poder político y crimen transnacional, donde ya no se distingue dónde termina uno y empieza el otro”, advirtió Antonio Ortiz-Mena, académico de la Universidad de Georgetown.
Con la presión de Estados Unidos en aumento, el caso Rocha genera inquietud entre empresarios en plena fase crítica de negociación del T-MEC. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense.
“Hay nerviosismo general”, dijo Pedro Casas, presidente de la American Chamber of Commerce en México. “Se avanza en el T-MEC, pero con la incertidumbre de que el tema político no detone una crisis”.