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El Instituto Nacional Electoral enfrenta uno de sus procesos de organización interna más profundos en años recientes. La presión constitucional que impide a cualquier servidor público ganar más que la Presidencia de la República llegó al organismo electoral, y su titular, Guadalupe Taddei, confirmó que el ajuste es inevitable. Sin embargo, no todo está sobre la mesa: algunos de los beneficios más cuantiosos del instituto público parecen fuera de peligro, al menos por ahora.
El tope constitucional sacude a decenas de funcionarios que ganan más que Claudia Sheinbaum
El corazón del problema es aritmético: dentro del INE existen funcionarios cuyo salario bruto supera el límite fijado por la Constitución Política para cualquier cargo público. La consejera presidenta, por ejemplo, percibe más de 260,000 pesos mensuales en términos brutos. El llamado “Plan B” de la reforma electoral obliga a corregir esta situación, lo que implicará revisar no solo los sueldos base, sino también el vasto esquema de compensaciones que eleva considerablemente las percepciones totales de mandos medios y superiores.
Aguinaldo de 40 días, seguros privados y gastos de representación: el catálogo de beneficios en la mira
Más allá del salario, el verdadero peso del paquete laboral del INE está en sus prestaciones. El organismo ofrece a sus funcionarios un aguinaldo de 40 días —superior al promedio del sector público—, seguros de vida, de gastos médicos mayores, de retiro y de separación individualizada, además de apoyos para transporte, alimentación, despensas y becas académicas. Para los mandos altos se suman el uso de vehículos oficiales y gastos de representación que pueden rondar los 11,000 pesos al mes. Son precisamente estos beneficios los que el ajuste administrativo tiene en la mira.
El bono electoral sobrevive: dos meses de sueldo extra que nadie quiere tocar
En medio de los recortes, hay un rubro que, según reconoció la propia presidenta del instituto, quedará intacto: el bono por proceso electoral. Este incentivo, reactivado en 2024 tras más de una década suspendido para los consejeros, puede equivaler a hasta dos meses de salario y se distribuye entre consejeros, directores, coordinadores y personal del Servicio Profesional Electoral.
En la elección de jueces, ministros y magistrados del año pasado, el costo total de esta compensación para el instituto rozó los 24,000 millones de pesos. Fuentes internas del organismo confirmaron que hay quienes presionan para que el ajuste se limite exclusivamente a los salarios base y deje fuera bonos y prestaciones adicionales.