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Una nueva iniciativa en el Senado de la Nación propone poner fin a una práctica común en procesos de contratación: exigir la carta de no antecedentes penales. El objetivo es claro: evitar que este documento funcione como una barrera injustificada que limite las oportunidades laborales, especialmente para personas en situación vulnerable o en proceso de reinserción social.

La propuesta no elimina por completo este requisito, pero sí busca regularlo estrictamente para que solo se utilice en casos donde realmente sea necesario.

La iniciativa apunta a que la evaluación de candidatos se base en habilidades y experiencia, dejando de lado requisitos considerados discriminatorios. Imagen creada con ChatGPT

Ya no sería un requisito automático para conseguir trabajo

Uno de los puntos centrales de la reforma es que las empresas no podrán pedir la carta de antecedentes penales como un filtro general en sus procesos de contratación o ascenso.

Esto significa que dejaría de ser un requisito estándar y pasaría a considerarse una práctica indebida si no está debidamente justificada.

La intención es que los empleadores se enfoquen en las capacidades, experiencia y perfil profesional de cada persona, en lugar de aplicar criterios que no siempre están relacionados con el desempeño laboral.

Buscan combatir la discriminación y abrir más oportunidades

La iniciativa parte de la idea de que pedir este documento sin una razón válida puede ser discriminatorio. Diversos organismos señalaron que esta práctica limita el acceso a empleo formal y afecta la dignidad de quienes buscan trabajo.

Además, se advierte que puede empujar a muchas personas hacia la informalidad, cerrándoles puertas en el mercado laboral formal. Con este cambio, se busca avanzar hacia un modelo más incluyente, donde todos tengan igualdad de oportunidades.

En estos casos sí podrían pedirla y seguiría siendo válida

Aunque la reforma plantea restricciones, no prohíbe completamente el uso de la carta de antecedentes penales. Esta aún podría solicitarse en empleos donde exista una justificación clara.

Por ejemplo, en puestos relacionados con seguridad, manejo de recursos sensibles o actividades que impliquen un riesgo específico. La diferencia clave es que ya no sería una regla general, sino una excepción bien fundamentada.