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A partir de este 2026, los jóvenes que no completen el registro militar obligatorio comenzarán a recibir multas económicas. La medida apunta a reforzar el cumplimiento de una disposición que ya existía, pero que muchas veces pasaba desapercibida entre quienes estaban por alcanzar la mayoría de edad.
La normativa establece que todos los ciudadanos de 17 años deberán realizar una inscripción administrativa obligatoria vinculada a las Fuerzas Armadas. Aunque el anuncio generó repercusión y dudas sobre una posible vuelta del servicio militar obligatorio, las autoridades aclararon que el trámite no implica incorporarse al Ejército.
La disposición comenzó a aplicarse en Perú y ya prevé sanciones para quienes no regularicen su situación dentro del plazo legal.
Cuánto deberán pagar quienes no hagan el registro
Los jóvenes que no completen la inscripción pasarán a ser considerados “omisos” y deberán afrontar una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
La penalidad seguirá vigente hasta que la situación sea regularizada ante las autoridades correspondientes.
Quiénes están obligados a inscribirse
La medida alcanza a todos los ciudadanos que cumplan 17 años, sin distinción de género.
Según la normativa vigente, el trámite:
- Es obligatorio por ley.
- Debe realizarse antes de los 18 años.
- No implica servicio militar obligatorio.
- Tiene carácter administrativo.
El objetivo es mantener actualizado el padrón de ciudadanos en edad militar.
Qué aclaró el Gobierno sobre el servicio militar
Tras la difusión de la medida, uno de los puntos que más consultas generó fue si el país volvería a implementar un sistema de alistamiento obligatorio.
Sin embargo, las autoridades aclararon que la inscripción no implica incorporarse a las Fuerzas Armadas ni realizar tareas militares.
El trámite funciona únicamente como registro oficial.
Qué pasa con quienes no hagan el trámite
Quienes no se registren dentro del plazo previsto quedarán automáticamente en condición de “omisos” y deberán pagar la multa correspondiente.
La sanción económica solo puede evitarse en algunos casos específicos contemplados por la legislación vigente.
La decisión comenzó a generar debate entre familias y estudiantes por el impacto económico de las multas y por la confusión inicial alrededor del término “servicio militar”.
Aun así, desde el Gobierno remarcan que la medida apunta únicamente a reforzar un registro administrativo que ya formaba parte del sistema peruano.