La primera ministra británica, Theresa May, reveló ante los líderes de la Unión Europea (UE) en Bruselas sus planes para los tres millones de europeos que viven en el Reino Unido de cara al Brexit. Dijo que los que residan actualmente de forma legal en el Reino Unido no serán expulsados con el Brexit, y propuso que quienes lleguen hasta el momento de salida del país de la UE, puedan regularizar su situación.
La mandataria dejó claro que la "reciprocidad" es "vital" y que ambas partes deben acordar los términos y crear certidumbre lo antes posible en las negociaciones.
Afirmó que hasta tanto el Reino Unido sea un Estado tercero, todos los europeos residentes allí tendrán sus derechos protegidos, y aseguró que dará más detalles ante el Parlamento de su país la semana próxima.
Tras la exposición de May, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dio por concluida la primera jornada de la cumbre sin turno de réplica de los otros 27 líderes, algo que ya había sido acordado, y evaluaron cómo iniciaron el lunes pasado las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE. También aprobaron el procedimiento para elegir en noviembre la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento y la Autoridad Bancaria Europea, actualmente en Londres.
La cumbre del bloque es la primera a la que asiste May tras haber perdido su mayoría conservadora en las elecciones británicas, mientras sigue negociando el apoyo de 10 diputados del Partido Democrático Unionista (DUP).
El portavoz del DUP en el Parlamento, Jeffrey Donaldson, admitió que pidieron más fondos económicos para Irlanda del Norte. Consideró "muy buenas" las posibilidades de acordar un pacto de gobierno con May y agregó que "en nuestra opinión, cuanto antes mejor".
El programa de gobierno presentado al Parlamento se votará el jueves próximo y para que sea aprobado, la premier necesita el apoyo del DUP. Ese mismo día se cumplirá el plazo fijado por Londres para que los partidos norirlandeses, encabezados por el DUP y el nacionalista Sinn Féin, acuerden la formación de un Gobierno de poder compartido entre protestantes y católicos.