Papeles de Pandora en América latina: Piñera y Lasso tratan de separarse del escándalo

La investigación sobre sociedades offshore involucra a tres presidentes latinoamericanos, Sebastián Piñera, Guillermo Lasso y Luis Abinader, además de dos hombres fuertes de la economía brasileña: Paulo Guedes y Roberto Campos Neto.

Siguen las repercusiones de Pandora Papers, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre una masiva filtración de registros financieros que reveló las sociedades offshore de 35 líderes mundiales, además de otras figuras de la política, el deporte y el espectáculo. 

Por ahora, en América latina los involucrados de mayor jerarquía son el presidente de Chile, Sebastián Piñera; el de Ecuador, Guillermo Lasso; y el de República Dominicana, Luis Abinader.

La investigación del ICIJ, sostiene que Piñera y su familia eran los mayores accionistas de Minera Dominga (33% de las acciones), un polémico proyecto minero ubicado a sólo 30 kilómetros de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción, por eso varias organizaciones ambientales dicen que podría generar un daño irreparable a la biodiversidad de la zona.

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En diciembre de 2010 - a nueve meses de que Piñera asumiera su primera presidencia-, Carlos Délano (un amigo de la infancia de Piñera) compró la participación de todos los socios de Dominga por u$s 152 millones. El pago se hizo en tres cuotas y una parte de la operación se realizó a través de una offshore en las Islas Vírgenes Británicas.

Pero el pago de la última cuota (por u$s 9,9 millones) estaba sujeto a la condición de que no se cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero, es decir, que no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional. Durante su presidencia, Piñera no promovió la protección ambiental de la zona.

El presidente chileno dijo hoy que los datos "no son nuevos" y que "fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de Justicia el 2017".

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Aclaró que "desde el mes de abril de 2009 (...) y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Y adicionalmente y en forma voluntaria (...) constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros".

Desde ese momento, según dijo, no tuvo "ningún conocimiento de las decisiones de inversión de las empresas". Por otra parte, el mandatario aclaró que ni él ni su familia tienen sociedad de inversión en el extranjero.

El caso ha generado una fuerte controversia en Chile e incluso Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial por el Partido Progresista (PRO) y fundador del Grupo de Puebla, pidió la unidad de la oposición para exigirle la renuncia a Piñera, a pesar de que falta poco más de un mes para las próximas elecciones presidenciales en Chile.

La investigación del ICIJ también señala que Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador y exbanquero (fue presidente ejecutivo y principal accionista del Banco de Guayaquil), llegó a tener 14 sociedades offshore, la mayoría en Panamá.

Lasso sostiene que la mayoría de esas compañías están inactivas o no le reportan beneficios. Aclaró que cumple con una ley aprobada durante la gestión de Rafael Correa que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.

El mandatario remarcó que su inversión en el Banco Guayaquil está estructurada a través del Fideicomiso GLM, una entidad "cien por ciento" ecuatoriana y administrada por una compañía de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades competentes".

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Por su parte, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinaber -que tendría un patrimonio cercano a los u$s 70 millones-, dijo que había aclarado por escrito a la Cámara de Cuentas del país su situación fiscal y los vínculos de familiares suyos con empresas offshore antes de asumir el cargo. La aclaración fue hecha tras los Panama Papers, otro escándalo de evasión vinculado a una guarida fiscal panameña, Mossack y Fonseca.

Los abogados del mandatario han informado de que las empresas Padreso S.A. y Littlecot Inc. -creadas antes de que Abinader asumiera la presidencia- forman parte de un fideicomiso donde el mandatario no tiene ningún tipo de autoridad.

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, publicó en sus redes sociales que "La información (...) reconoce la transparencia del presidente al recordar que su Declaración Jurada de Patrimonio incluye todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar".

Dos altos funcionarios brasileños, el ministro de Economía Paulo Guedes y el titular del Banco Central de Basil, Roberto Campos Neto, también se vieron salpicados por los Pandora Papers.

Guedes (que fue socio del Banco Pactual entre 1983 y 2006, y luego participó de varias empresas de inversiones) aparece como accionista en la compañía Dreadnoughts International Group, creada en las Islas Vírgenes Británicas. En 2014, la compañía -que también estaba a nombre de su esposa María Cristina Bolívar Drumond Guedes y su hija Paula Drumond Guedes- tenía u$s 8 millones registrados, en 2015 el patrimonio creció a u$s 9,5 millones.

Por su parte, Campos Neto (exdirectivo del Banco Santander) es propietario de cuatro empresas offshore: dos con sede en Panamá (Cor Assets y ROCN Limited), Peacock Asset y Darling Group, una empresa de gestión inmobiliaria.

Más allá de las revelaciones, la polémica en Brasil apunta un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que son dos de los principales hombres que dirigen la economía del país.

La oposición brasileña -integrada por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB)- ya presentó una denuncia contra Guedes y Campos Neto ante el Ministerio Público Fiscal.

"Es ilegal que los funcionarios públicos de alto rango, con acceso a información privilegiada, se mantengan en el extranjero en un paraíso fiscal", tuiteó el líder de la oposición en la Cámara de Diputados, el diputado Alessandro Molon del Partido Socialista Brasileño.

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