La prohibición de las apuestas deportivas y casinos online decretada por Lula da Silva entra en vigencia este lunes en Brasil, en medio de fuertes críticas del mundo del fútbol y a solo días de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.
El presidente brasileño defendió la medida como una decisión “dura, drástica y necesaria” para ayudar a las familias endeudadas y combatir la ludopatía. El decreto abarca todos los tipos de apuestas digitales y también la publicidad de las empresas del sector.
La medida cuenta, sin embargo, con un amplio respaldo social: un sondeo de AtlasIntel indica que el 75% de los brasileños apoya la prohibición. El decreto fue publicado mediante una medida provisional y ahora deberá ser ratificado por el Congreso dentro de un plazo de 120 días.
El anuncio generó una fuerte reacción entre los clubes de fútbol, que se convirtieron en uno de los principales receptores de dinero de las apuestas. Al menos 13 de los 20 equipos de primera división mantienen acuerdos comerciales con empresas del sector, por unos u$s 200 millones anuales en conjunto.
Flamengo advirtió que la medida tendrá impacto en el fútbol profesional, las divisiones de base y el fútbol femenino, mientras que Fluminense pidió una transición para adaptarse al fin de los patrocinios. Los clubes también alertaron sobre el riesgo de que el mercado clandestino ocupe el espacio dejado por las empresas reguladas.
Las entidades del sector sostienen que la prohibición podría trasladar a los usuarios hacia plataformas clandestinas sin controles suficientes. En paralelo, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, anunció un proyecto para convertir en delito la explotación ilegal de apuestas y reforzar la lucha contra el juego clandestino.
El giro marca un cambio respecto de la política aplicada durante el gobierno de Lula: Brasil reguló las apuestas y habilitó un mercado legal desde 2025. Ese año, unos 25 millones de brasileños apostaron por 220.600 millones de reales, mientras que la recaudación tributaria alcanzó unos 9000 millones de reales.
Lula sostiene que el crecimiento de las apuestas agravó el endeudamiento y los problemas financieros de los hogares. La prohibición contempla una transición hasta el 6 de octubre, dos días después de la primera vuelta: los usuarios podrán retirar sus fondos hasta el 5 y el Gobierno prevé devolver 1700 millones de reales.