España celebrará elecciones parlamentarias el próximo domingo y el último sondeo de intención de voto - difundido ayer, cuando concluyó el período para difundir este tipo de encuestas según la ley electoral española- le otorga una victoria al gubernamental Partido Socialista (PSOE), del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

De todas formas, sería un triunfo ajustado, con entre un 28 y un 31,5% de los votos, y entre 115 y 139 diputados (actualmente tiene 85), sobre un total de 350 miembros del Congreso.

Al menos así coinciden los diversos sondeos difundidos entre el domingo y hoy, cuando se hizo el primer debate televisivo entre los cuatro principales candidatos a presidir el gobierno español los próximos cuatro años: Pablo Casado del Partido Popular (PP, conservador), Albert Rivera (Ciudadanos, liberal), Pedro Sánchez del gobernante Partido Socialista (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos, izquierda). Hoy se hará un segundo debate en TV.

En todo caso, los socialistas de Sánchez necesitarían pactar para asegurar una mayoría de gobierno. Si optan por un pacto de izquierda, Podemos tendría una importante caída, y perdería más de la mitad de sus 71 diputados, y haría necesario pactar con los nacionalistas vascos (PNV) y la izquierda de la región de Valencia (Compromís).

Entre los temas que los candidatos debatieron ayer destaca si España seguirá o no la tendencia internacional marcada por el auge de los nacionalismos, así como temas de la economía como las pensiones, los impuestos y el empleo, así como políticas de género y posibles pactos entre agrupaciones.

Hace una semana, en un debate de la agencia EFE las principales causas de discrepancia entre los cuatro partidos habían sido los impuestos y pensiones de jubilación, pues mientras la derecha quiere bajar tributos para reactivar la economía, la izquierda desea subirlos a los más adinerados para mejorar las políticas sociales.

La política de vivienda fue otro de los asuntos candentes del debate, debido al encarecimiento acelerado que experimenta, sobre todo la de alquiler, al calor del crecimiento de los apartamentos turísticos en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y la llegada al sector de grandes fondos inmobiliarios internacionales.

Podemos propuso un "control de precios" y un parque público de alquiler social para "cortar dinámicas especulativas", una iniciativa que el PSOE rebaja a "limitar el precio de los alquileres" sin intervención directa (de la Administración) y promover la vivienda pública.