El gobierno de Brasil envió al Congreso un proyecto de ley de resolución de la crisis bancaria que somete a los bancos públicos federales al mismo régimen que sus competidores privados y entre los puntos más salientes contempla que las entidades bancarias podrán ser liquidadas, algo que no ocurre en la actualidad.

Hay muchas implicancias: la más visible es un posible aumento del costo de la deuda de los bancos, especialmente de los controlados por la Unión, como el Banco do Brasil (BB), la Caixa y el BNDES.

En el modelo actual, estas instituciones tradicionalmente tienen una prima de riesgo más baja que sus pares privados porque se benefician de la percepción implícita de que no quiebran ya que tienen detrás al gobierno y su capacidad de "imprimir" dinero.

Si se aprueba el nuevo proyecto de ley, será derogada la actual ley de liquidaciones extrajudiciales, a la que no están sujetos los bancos públicos federales, indicó Valor.

La propuesta presentada al Legislativo el lunes establece una hoja de ruta a seguir por todas las instituciones financieras -independientemente de la naturaleza del control-, las compañías de seguros y los proveedores de infraestructura del mercado en caso de insolvencia.

Debatido durante seis años, el proyecto de ley ordena que las fluctuaciones negativas de capital se cubran primero con dinero de los accionistas y acreedores.

El texto permite el uso de recursos públicos en operaciones de rescate, pero sólo después de que se hayan agotado todas las alternativas y el Banco Central (BC) haya detectado la existencia de riesgo sistémico.

El modelo incorpora los aprendizajes derivados de la crisis financiera de 2008. En ese momento, los gobiernos estadounidense y europeo gastaron cientos de miles de millones de dólares en el rescate de instituciones "demasiado grandes para quebrar", el llamado "bailout" o rescate.

Para evitar que volviese a registrarse una pérdida semejante para los contribuyentes, las organizaciones internacionales comenzaron a recomendar el "bail-in", en el que el rescate se realiza principalmente con el uso de acciones y la conversión de la deuda para amortiguar las pérdidas.

Ante el G-20, Brasil se comprometió a adoptar esta práctica cuando todavía gobernaba Dilma Rousseff.

El proyecto avanzó bajo el mandato de Michel Temer y a fin de 2017, ya contaba con más de 70 versiones, pero se suspendió por las elecciones 2018. Ahora lo concluyeron el Banco Central, la Comisión de Valores (CVM) y la Superintendencia de Seguros Privados (Susep).

"La legislación nos alinea con las mejores prácticas internacionales y nos ayuda a tratar con más rapidez y menos costos", opinó el jefe del departamento de resolución y acción sancionadora del Banco Central, Climério Pereira.