La policía brasileña detuvo ayer al ex jefe de gabinete del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, acusado de ser uno de los responsables del fraude en la empresa Petrobras y de haber recibido y canalizado al menos 39 millones de reales (u$s 11,7 millones) en dinero ilegal a través de una firma de su propiedad, JD Asesoría, sin que existan pruebas de que esta empresa haya prestado los servicios por los que fue remunerada.
Por el escándalo apodado "Petrolao", se realizaron varios allanamiento por los delitos de corrupción activa y pasiva, formación de organización criminal y lavado de dinero.
"Dirceu recibió valores de diversas formas, algunas hasta con prestación de servicios en inmuebles de su propiedad. Esos valores sabemos que eran oriundos de sobornos relativos a Petrobras. Hoy no tenemos duda alguna, ni en el aspecto de la empresa JD ni tampoco en la cuestión personal", dijo el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima.
"Es una operación que va más allá de José Dirceu como beneficiario, tenemos una investigación que busca a José Dirceu como creador del esquema Petrobras, aún desde sus tiempos en la Casa Civil, en el gobierno del ex presidente Lula", añadió.
Dirceu, que fue Jefe de Gabinete de Lula de 2003 a 2005, cumple actualmente una condena domiciliaria por un escándalo anterior conocido como "Mensalão", mediante el cual el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pagaba sobornos a legisladores aliados a cambio de votos. En esta causa, fue condenado a más de siete años de prisión. Ayer su abogado, Roberto Podval, aseguró que su detención es "política", que está siendo utilizado como "chivo expiatorio" y que los pagos que recibió su cliente son todos por servicios prestados.
El escándalo que involucra a Dirceu, una figura central del PT y del gobierno durante el primer mandato de Lula (2003-2010), golpea directamente a la fuerza gobernante a la que también pertenece la presidenta Dilma Rousseff, que ya tiene a su ex tesorero Joao Vaccari Neto en prisión por este caso.
Las ramificaciones políticas del "Petrolao" mantienen en vilo al país y le están cobrando un peaje muy elevado a Rousseff, cuya popularidad cayó al 7,7%, según una encuesta reciente que mostró que más del 60% quiere que sea sometida a un juicio de destitución.
Consultado si el ex presidente Lula puede ser investigado, el fiscal Lima dijo que "ninguna persona está exenta de ser investigada". "Hay investigaciones en curso, gran parte en sigilo", añadió. La justicia también investiga a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones.
La investigación, que comenzó en marzo del 2014, ya llevó a la cárcel a algunos altos ejecutivos de firmas de ingeniería de Brasil y provocó que Petrobras perdiera más de u$s 2.000 millones.
