Mientras se llevaba a cabo una intensa agenda política en La Moneda, en que el ministro del Interior, Rodigo Peñailillo estaba abocado a buscar un acuerdo para el cambio al binominal, se supo del atentado perpetrado en el subcentro de la Escuela Militar, que dejó al menos 14 personas heridas.

De inmediato, se encendieron las alarmas en Palacio, movilizando al jefe de gabinete, quien acudió al despacho presidencial, para mantener informada a la presidenta Michelle Bachelet, de lo acontecido. A pocos minutos del atentado, el primero en salir a condenar el hecho fue el vocero, lvaro Elizalde, anunciado -con evidente molestia y un particular tono enérgico-que se comenzaría un intenso trabajo para dar con los responsables del grave hecho, invocando a la Ley Antiterrorista. En paralelo, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, viajaba al lugar de los hechos para enterarse en terreno de la situación, calificando a los autores de bombazo como asesinos.

En Palacio, la situación es calificada de grave, y por ello mismo, la mandataria canceló todas sus actividades, para dedicarse en exclusividad a la emergencia. Así, visitó a los heridos en la clínica Las Condes, manteniéndose en permanente contacto con las autoridades investigativas. En ese marco, citó para hoy a un Consejo Operativo de Seguridad, con la presencia de los ministros de Interior, Justicia, autoridades del Ministerio Público y de otros órganos del Estado. Bachelet, tras visitar a los heridos, hizo un llamado a la calma: lo que ha sucedido hoy es horrible y condenable, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro. Así, también, explicó que el gobierno trabaja para hacer los cambios que la Ley Antiterrorista necesita, para que pueda ser útil en su invocación, reconociendo que, hasta ahora, no ha dado resultados.

Desde el pasado 13 de julio, cuando ocurrió el atentado a la Estación Los Dominicos, y en donde se invocó la Ley Antiterrorista, se dio celeridad a la comisión liderada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, que trabaja para introducirle cambios. En ese sentido, Peñailillo ha reconocido que se debe modernizar la actual legislación. Sin embargo, otra normativa es considerada por parlamentarios, miembros de las policías y también por el mismo Ejecutivo, como clave en orden a las labores de prevención: la ley de inteligencia y las facultades de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El gobierno está trabajando en efectuarle cambios en orden a entregar más facultades a la ANI, como, por ejemplo, poder utilizar agentes encubiertos, intervenciones telefónicas, o métodos como la delación compensada, para otorgar beneficios a quienes entreguen información relevante. Parlamentarios miembros de las comisiones de seguridad coinciden en que se debe realizar una modificación radical en el sistema de inteligencia, y cambiar la mala imagen, que tuvo dicho organismo en épocas pasadas. Asimismo, fuentes del alto mando de Carabineros, reconocen que muchas veces ven truncadas sus capacidades investigativas por las pocas facultades que la ley les brinda, en materias de inteligencia.