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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el plan y habilitó que el Poder Ejecutivo lo discontinúe a partir de agosto, siempre que no haya una nueva resolución judicial que disponga lo contrario.
La decisión impacta sobre más de 900.000 beneficiarios, que dejarán de percibir la prestación mensual mientras se avanza con un nuevo esquema de políticas de empleo centrado en la capacitación laboral y la vinculación con el sector privado.
La Cámara Federal revocó la cautelar y respaldó la potestad para modificar los planes sociales
El fallo fue dictado por la Sala correspondiente de la Cámara Federal de San Martín, que dejó sin efecto la medida cautelar concedida previamente por el Juzgado Federal de Campana.
Esa resolución judicial obligaba al Estado nacional a continuar abonando el programa hasta que existiera una política pública que ofreciera un nivel de protección equivalente para los beneficiarios.
Sin embargo, la Cámara Federal entendió que esa decisión implicaba adelantar los efectos de una eventual sentencia definitiva y excedía los alcances propios de una medida cautelar.
Los magistrados remarcaron que el diseño, la modificación y la eventual eliminación de programas sociales forman parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo. En esa línea, sostuvieron que los titulares del programa no cuentan con un derecho adquirido a la continuidad del beneficio, ya que su implementación tenía un plazo de vigencia determinado y podía ser reemplazada por otras políticas públicas.
Además, señalaron que no se acreditaron los requisitos legales indispensables para mantener la cautelar, como la existencia de un derecho con suficiente verosimilitud o un peligro concreto e inminente que justificara la intervención judicial.
Qué pasará con los beneficiarios de Volver al Trabajo
Con la revocación de la cautelar, el Ministerio de Capital Humano recuperó la posibilidad de avanzar con el cierre definitivo de Volver al Trabajo.
De esta manera, si no surge una nueva resolución que modifique el escenario judicial, desde agosto dejarán de abonarse las prestaciones que percibían más de 900.000 personas.
La decisión forma parte de la estrategia del Gobierno para reemplazar el sistema de asistencia económica directa por un modelo enfocado en la formación e inserción laboral.
Según explicó el Poder Ejecutivo durante el proceso judicial, los recursos que hasta ahora se destinaban al pago del programa serán redireccionados hacia un esquema administrado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El nuevo modelo prevé financiar cursos de capacitación, programas de entrenamiento laboral y acuerdos con empresas, provincias, municipios e instituciones de formación para facilitar el acceso al empleo formal.
De acuerdo con la postura oficial, el objetivo es que la política social deje de centrarse en la transferencia de ingresos y pase a priorizar herramientas que mejoren las posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios.
La UTEP cuestionó el fallo y anticipó que continuará con las acciones judiciales
La causa se originó a partir de una demanda colectiva presentada por beneficiarios del programa, quienes reclamaban que el Estado mantuviera el pago del ingreso hasta implementar una alternativa efectiva que evitara un perjuicio económico para las familias alcanzadas.
En una primera instancia, la Justicia había considerado que la interrupción inmediata del beneficio podía provocar un daño social y patrimonial de difícil reparación, razón por la cual ordenó mantener vigente el programa mientras se analizaba el fondo de la cuestión.
Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) expresó su rechazo y sostuvo que la decisión afecta el ingreso de cientos de miles de trabajadores de la economía popular. La organización adelantó que continuará promoviendo recursos judiciales y otras acciones para intentar revertir la resolución.