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El Gobierno nacional avanza con una nueva reforma para el mercado inmobiliario que podría generar un cambio profundo en la forma de vender, alquilar y administrar propiedades en la Argentina.
Tras la derogación de la Ley de Alquileres, ahora el foco está puesto sobre los corredores inmobiliarios y la posible eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer la actividad.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, busca flexibilizar las condiciones para operar dentro del sector inmobiliario y reducir costos en las operaciones.
Entre los puntos más discutidos se plantea la posibilidad de que ya no sea obligatorio contar con título universitario ni matrícula profesional para actuar como corredor inmobiliario.
Según trascendió, el proyecto será enviado al Congreso en las próximas semanas y forma parte de un paquete más amplio de desregulación económica que apunta a eliminar trabas burocráticas y fomentar una mayor competencia dentro del mercado.
Qué cambios analiza el Gobierno para el mercado inmobiliario
La reforma contempla modificaciones que podrían alterar el funcionamiento tradicional del sector. Entre las principales medidas aparecen:
- eliminación de la matrícula obligatoria para corredores inmobiliarios;
- posibilidad de ejercer la actividad sin título universitario específico;
- liberación de honorarios mínimos;
- apertura a nuevas plataformas digitales y modelos Proptech;
- simplificación de trámites y digitalización de operaciones.
Desde el oficialismo aseguran que la idea es facilitar el acceso al mercado, aumentar la competencia y reducir costos para propietarios e inquilinos.
También sostienen que el actual sistema de colegiación funciona como una barrera de entrada que encarece las operaciones inmobiliarias.
Qué puede pasar con los alquileres y las ventas de propiedades
La posible eliminación de la matrícula obligatoria genera posiciones enfrentadas dentro del sector.
Quienes apoyan la reforma creen que permitirá que más personas puedan intermediar operaciones inmobiliarias, algo que podría aumentar la oferta de servicios y bajar las comisiones. Además, consideran que la digitalización acelerará procesos y reducirá costos administrativos.
Sin embargo, colegios profesionales y cámaras inmobiliarias advierten sobre riesgos vinculados a la seguridad jurídica de las operaciones. Señalan que la matrícula permite controlar la actividad, aplicar sanciones y exigir estándares mínimos de capacitación y responsabilidad profesional.
El debate también alcanza a propietarios e inquilinos. Mientras algunos creen que la mayor competencia podría abaratar costos y dinamizar el mercado, otros temen un aumento de estafas o conflictos por falta de controles sobre quienes intervengan en operaciones de compra, venta o alquiler.