En esta noticia
Como la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el plan Volver al Trabajo, el Poder Ejecutivo ya lo discontinúó a partir de agosto. Sin embargo, un grupo de trabajadores cobrará un plan similar.
La decisión impacta sobre más de 900.000 beneficiarios, que dejarán de percibir la prestación laboral mensual. De todas formas, el Gobierno ya avanza con un nuevo esquema de políticas de empleo centrado en la capacitación laboral y la vinculación con el sector privado.
¿Qué pasará con Volver al Trabajo?
El fallo fue dictado por la Sala correspondiente de la Cámara Federal de San Martín, que dejó sin efecto la medida cautelar concedida previamente por el Juzgado Federal de Campana.
Esa resolución judicial obligaba al Estado nacional a continuar abonando el programa hasta que existiera una política pública que ofreciera un nivel de protección equivalente para los beneficiarios.
Sin embargo, la Cámara Federal entendió que esa decisión implicaba adelantar los efectos de una eventual sentencia definitiva y excedía los alcances propios de una medida cautelar.
El cierre del programa y el nuevo plan que busca más empleos
Con la revocación de la cautelar, el Ministerio de Capital Humano recuperó la posibilidad de avanzar con el cierre definitivo de Volver al Trabajo. De esta manera, si no surge una nueva resolución que modifique el escenario judicial, desde agosto dejarán de abonarse las prestaciones que percibían más de 900.000 personas.
Por otro lado, la cartera a cargo de Sandra Petovello seguirá abonando el Programa de Acompañamiento Social a todos los beneficiarios. Se trata de uno de los planes sociales complementarios al ex Potenciar, que permite a las familias acceder a un beneficio adicional.
La decisión forma parte de la estrategia del Gobierno para reemplazar el sistema de asistencia económica directa por un modelo enfocado en la formación e inserción laboral.
¿Cómo es el plan social que reemplaza a Volver al Trabajo?
Según explicó el Poder Ejecutivo durante el proceso judicial, los recursos que hasta ahora se destinaban al pago del programa serán redireccionados hacia un esquema administrado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El nuevo modelo prevé financiar cursos de capacitación, programas de entrenamiento laboral y acuerdos con empresas, provincias, municipios e instituciones de formación para facilitar el acceso al empleo formal.
De acuerdo con la postura oficial, el objetivo es que la política social deje de centrarse en la transferencia de ingresos y pase a priorizar herramientas que mejoren las posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios.