En estos días el principal interrogante que concentra la atención de dirigentes políticos del gobierno y la prensa es: ¿Cómo iniciar un proceso de diálogo que permita conformar, al menos, una agenda legislativa consensuada entre oposición y Gobierno?; ¿Cómo trabajar sobre un herramienta que permita el diálogo genuino, para así dejar de vaciar de contenido esa palabra?

Coincido con esa preocupación. Como mediadora creo en las bondades del diálogo para alcanzar el acuerdo entre las partes, y lo concibo como un proceso laborioso que necesita de partes convencidas de su utilidad y de facilitadores adecuados para alcanzar resultados positivos.

Como legisladora vengo trabajando en herramientas que permitan construir agendas comunes y en las que la participación ciudadana sea factible de manera sencilla y nada costosa.

Por segunda vez en mi mandato he presentado un proyecto sobre Agenda Legislativa de Tratamiento Preferente o Agenda Priorizada, cuyo objeto es planificar el debate y la aprobación de leyes que son importantes para el país, dando cabida a la participación ciudadana.

La adopción de un procedimiento de elaboración de una agenda que priorice el tratamiento de determinados proyectos de ley es absolutamente compatible con las normas constitucionales que rigen el funcionamiento y atribuciones del Congreso.

La existencia de una agenda de estas características no impide tampoco el tratamiento urgente de otros proyectos durante el año de sesiones ordinarias y se complementa con el tratamiento preferente a los proyectos que envía el Ejecutivo y la recepción de iniciativas legislativas populares.

El procedimiento que propongo es sencillo y tiene su antecedente inmediato en las disposiciones sobre Agenda Legislativa Priorizada del Senado de la República Dominicana, del Congreso del Perú y de varios estados mexicanos.

Según mi proyecto, dentro de los últimos diez días del mes de febrero de cada año, el presidente de cada Cámara invitará a los presidentes de comisiones y legisladores a presentar sus propuestas de proyectos de ley para integrar la agenda Legislativa de Tratamiento Preferente para las sesiones ordinarias de ese año. Esta invitación se hará extensiva a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil quienes podrán también presentar sus iniciativas a través de los legisladores.

Los proyectos de ley propuestos se comunicarán a la Comisión de Labor Parlamentaria que preseleccionará en un plazo determinado una lista de cincuenta proyectos como máximo, para ser elevada al Plenario, previa consulta con los respectivos bloques políticos.

El Plenario seleccionará un lista final de 15 proyectos para integrar la agenda, teniendo en cuenta distintos criterios: la ubicación del proyecto en el contexto de las prioridades temáticas del país; la urgencia derivada de una situación de catástrofe o emergencia nacional; el impacto social y económico que la implementación de esta ley tendría en poblaciones vulnerables y sometidas a situación de pobreza; entre otros.

Una vez aprobada la Agenda Legislativa de Tratamiento Preferente se comunicará a las Comisiones respectivas a fin de que dispongan un trámite preferente a los proyectos incluidos respecto de cualquier otro.

Este trámite no implica obligación de sancionar el proyecto pero sí de dar cuentas de su estado de tratamiento a lo largo del año parlamentario.

Un trámite sencillo, pluralista, que integra Congreso y ciudadanía y permite definir los temas centrales de una agenda Legislativa. Un trámite que funciona en países similares al nuestro, con idiosincrasias parecidas y cuya implementación no tiene costos.