Mientras todos en el Congreso seguían el debate parlamentario sobre la valija con u$s 800.000 del venezolano Guido Antonini Wilson, en los despachos de los diputados y senadores se discutía febrilmente sobre un proyecto de ley que pone en juego unos u$s 450 millones en ingresos fiscales por retenciones a la exportación de granos, cerca de un tercio de lo que proyectó recaudar anualmente el Gobierno con la última suba de las alícuotas. El texto apunta a evitar que los grandes exportadores registren ventas por anticipado para pagar menos retenciones cuando ya saben que subirán, pero su letra fue atenuada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el kirchnerista cordobés Roberto Urquía, dueño a su vez de Aceitera General Deheza (AGD). Lo polémico del texto es que obliga a pagar la suba del mes pasado –del 27,5 al 35% para la soja– a quienes hayan registrado exportaciones antes de esa decisión. De los 19 millones de toneladas anotados previamente a esa fecha, estiman en el mercado, los exportadores habrían comprado sólo 4,2 millones. Según los voceros del sector, eso implicaría legislar retroactivamente, contra lo que indica la Constitución. Los senadores apenas modificaron en comisión dos frases de sendos artículos de la norma, pero atendieron así algunas de las objeciones que presentó toda la cadena granaria en la reunión que se realizó al mediodía en el anexo del Congreso. Tal como anticipó El Cronista el viernes pasado, introducir reformas a la norma era la aspiración de las grandes compañías que manejan el comercio exterior de granos en el país –las multinacionales Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Commodities (LDC) y ADM– y que encauzan por ello un tercio de las exportaciones argentinas. Todas se habían resignado ya a que no podrían frenar la ley. Menos después del escándalo por el ofrecimiento de coimas que denunció el diputado Héctor Recalde durante el debate de la ley que pone fin a los vales alimentarios y de almuerzo. Al cierre de esta edición, los senadores se aprestaban a aprobar el texto con los cambios. Luego estaba previsto que volviera a Diputados, donde también contaba con mayoría asegurada. Incluso el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, llamó por teléfono al jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja, Agustín Rossi, para aclararle que la inciativa contaba con el aval de la Casa Rosada. Tal como había salido inicialmente de Diputados, la norma exigía a los exportadores que acreditaran la compra antes del registro. Tras las reformas, habilita a hacerlo “con anterioridad al aludido incremento en las retenciones. Y así congelar la alícuota. Según la reglamentación que luego haga el Ejecutivo, el texto puede atenuar más o menos el impacto de la medida sobre las cajas de los exportadores. La importancia que le dio el Gobierno a la norma –pese a que la redactó inicialmente el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda– se vio reflejada en la asistencia a la reunión de comisión del subsecretario de Ingresos Públicos, Mario Presa, de un hombre fuerte de la DGI como Roberto Sericano y del propio De Urquiza.