Sentido y contrasentido. Avance y retroceso. Una síntesis del juego dialéctico en donde se desenvuelve el accionar de este Gobierno.
Un sentido: haber modificado el mecanismo de selección de los jueces que integran la Corte Suprema.
Un contrasentido: que un instrumento de similares características no se haga extensivo a dos áreas que regulan la actividad de las empresas privatizadas proveedoras de energía y gas, dos puntos de alta sensibilidad para el bolsillo de la gente.
Así, la defensa de los derechos de los argentinos se ve deteriorada, más aún cuando la legislación vigente prevé proceso claros, hoy completamente avasallados.
Si bien es cierto que la designación de los cuerpos directivos de estos organismos es facultad exclusiva del PEN, el nombramiento debe respetar criterios de idoneidad y antecedentes profesionales que así lo acrediten.
Sin embargo, la mayoría arrastra intervenciones que nuclean todas las funciones y facultades conferidas al directorio. Tampoco se llama a concurso para cubrir los cargos y las designaciones a dedo obedecen más a razones políticas o amiguismos.
Los ejemplos de la energía eléctrica y el gas lo atestiguan:
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue creado por una ley que prevé el nombramiento de sus miembros por mérito. No obstante, el Ejecutivo dejó de lado el resultado de los concursos para cubrir las vacantes pendientes. Desde 2003 carece de presidente.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) cuenta con un directorio nombrado íntegramente por decreto, cuando también debería ser elegido por concurso previo. Ninguno de ellos cuenta con antecedentes en el sector energético.
Este es el estado de situación. Por eso, me pregunto por qué se violan los mecanismos transparentes de selección. Los resultados están a la vista: los organismos reguladores no realizan de manera correcta las tareas de prevención y tampoco aplicaron las sanciones pertinentes ante los incumplimientos constatados por parte de las privatizadas.
¿Se puede confiar en ellos ante el enorme desafío que deben afrontar – el de controlar inversiones y tarifas finales para los usuarios – en la segunda etapa de renegociación contractual, integral y definitiva, que le delegó la Unidad de Renegociación de Contratos (UniRen) luego de la recomposición tarifaria provisoria?
Deuda pendiente
La normalización y mejora de la calidad institucional de estos organismos constituye una deuda pendiente del Gobierno, deuda que intento sea saldada mediante dos propuestas legislativas que equiparan el mecanismo de selección de los directivos con el proceso que atravesaron los nuevos miembros de la Corte Suprema.
Sólo al conocer públicamente el nombre de los candidatos y sus antecedentes, otorgar un plazo para formular impugnaciones y contar con la opinión vinculante del Poder Legislativo podremos garantizar mecanismos transparentes e independientes para conformar los entes reguladores.
Que la honestidad y la idoneidad de los postulantes sean los verdaderos sentidos para construir una república que puede avanzar sin violar los derechos de sus ciudadanos.
