El 10 de diciembre se cumplirá el 58‘ aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas que señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona . Esta última aseveración parece haber sido recién descubierta por el saliente gobernador bonaerense Felipe Solá y su polémico ministro de Seguridad, León Arslanian.

En tal sentido, ha llamado la atención que luego de la obligada deserción de su campaña por seguir en el sillón de Dardo Rocha, el Poder Ejecutivo bonaerense ha publicado una solicitada casi naif, como si la administración provincial hubiese asumido ayer, cuando hace 19 años están en funciones. Después de casi dos décadas es tiempo de recitar buenas intenciones, propias de una campaña electoral, pero absolutamente anacrónicas.

La solicitada en cuestión se asemeja al discurso de una ONG, pero no de un gobierno que tiene la responsabilidad indelegable de asegurar la calidad de vida de todos los bonaerenses.

Del insólito documento se desprende que quien lo suscribe no es el responsable del área seguridad en la provincia. Es oportuno remarcar que de las decenas de ministros de Seguridad que se sucedieron de la gestión Eduardo Duhalde, el que más tiempo estuvo por lejos en varias administraciones es el doctor Arslanian. Su capacidad verborrágica no se emula con los resultados de gestión y se contenta con preparar ‘non papers’ justificatorios de su poca eficiencia para detener las muertes y secuestros en Buenos Aires durante su longevo cargo.

Sin embargo, es plausible que quieran definir una política de Estado en materia de seguridad sobre la base de un consenso con actores representativos de la sociedad. Lo que no parece coherente es que la lista de firmantes puede considerarse como representativa de todos los actores relevantes de la Provincia de Buenos Aires. Por ello, sería oportuno que quede claro, si alguno de los firmantes recibe subsidios o publicidad del gobierno provincial.

Resulta llamativa que esta supuesta convocatoria no haya llegado a los diputados nacionales ni provinciales del distrito bonaerense, cuyos votos los suponen como más representativos que una ONG barrial, obviamente sin desmerecer el trabajo que muchas llevan a cabo.

El Estado debe proteger al ciudadano, no solo de los abusos que las instituciones puedan cometer sino de todas las vulneraciones de sus derechos, independientemente de quien provengan. La exposición pública que hace el gobierno de Solá no hace más que estigmatizar a las instituciones del sistema de seguridad como las responsables del problema, y no es un camino constructivo a la solución de fondo. Tal vez si hay un responsable superior han sido los políticos por sobre todas las instituciones.

Por ejemplo, en el cuarto párrafo de dicha solicitada, menciona que en ocasiones las leyes penales dejan de producir las respuestas esperadas y resultan inadecuadas, produciendo frustración social. Con más razón, si el problema pasa por una inadecuación de las leyes penales a la realidad social, es a través de las legislaturas provincial y nacional que se debe debatir este problema, por lo que no se entiende la falta de participación de todas las fuerzas con representación parlamentaria.

Lo más extraño es que ellos dicen que el sistema penal no sirve para disuadir o inhabilitar delincuentes, luego dicen que los códigos no funcionan. Más extraño aún es que tienen mayoría absoluta para cambiar las leyes nacionales y provinciales que quieren, ya que cuentan con mayorías consolidadas a nivel nacional o provincial.

Extrañamente el tándem Solá-Arslanian le echa la culpa a la pobreza sobre buena parte de la delincuencia, cuando la mayoría de las personas de bajos recursos trabajan honestamente y además son las principales víctimas de delito. La falta de oportunidades laborales y la exclusión social impactan en el delito, pero no se puede caer en la simplificación y estigmatización de los pobres como condición de delito.

Los últimos años de K demuestran que a pesar de haber mejorado todos los índices macroeconómicos no ha descendido el delito, más bien lo contrario.

Desde La Plata no hablan seriamente del problema del crimen organizado y sus relaciones con políticos asociados con el gobierno provincial. ¿Por qué será que antes de cada elección aumenta el robo de autos y mercadería de los piratas del asfalto?

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no puede hacer un diagnóstico de la situación, sino que debe estar explicando que está haciendo para revertir la misma, aunque la solución definitiva supere el horizonte temporal de esta gestión.