El Gobierno empezó ayer a cobrar retenciones del 5% al 10% a las exportaciones de metales en bruto, sin publicar resolución ni decreto alguno y aprovechando un resquicio legal dentro del privilegiado régimen impositivo que se aplica al sector minero. Tal como anticipó El Cronista dos semanas atrás, la decisión llevará a las arcas fiscales cerca de $ 800 millones por año, o incluso más si los precios internacionales mantienen su carrera alcista. Pese a que la Ley de Inversiones Mineras de junio de 1993 les garantiza estabilidad fiscal por 30 años a las multinacionales que dominan la actividad en el país, la Secretaría de Minería puede establecer a qué empresas se aplican sus beneficios y a cuáles no, en base al cumplimiento de las obligaciones que firman al momento de iniciar sus explotaciones. Así lo hizo a fines de la semana pasada, cuando bajó de la lista al menos a cuatro compañías, según explicaron anoche a este diario fuentes oficiales. El artilugio al que apeló el Gobierno encendió de inmediato la polémica. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) protestó por la tarde a través de un duro comunicado de prensa, donde denunció que cuatro firmas habían sido “sorprendidas por el requerimiento en la Aduana del pago de derechos de exportación. A su juicio, esos tributos “no están contemplados en la legislación fiscal que regula el sector . El texto considera “ilegítima la medida y sostiene que “abre un espacio de absoluta inseguridad jurídica para inversiones genuinas que no generan endeudamiento alguno al Estado nacional . También advierte que “harán menos competitiva a la Argentina y afectarán el perfil de nuestro país . Las fuentes oficiales consultadas replicaron que por las exenciones que estuvieron vigentes durante todo el mandato de Néstor Kirchner, entre 2002 y la fecha se dejaron de recaudar u$s 750 millones. Un 80% de ese ahorro correspondió a la catamarqueña Minera Alumbrera, gerenciada por la suiza Xstrata, que aportaría en adelante esa misma proporción de los ingresos por retenciones. Precisamente Alumbrera fue una de las primeras alcanzadas ayer por el impuesto. La Aduana le comunicó que en adelante pagará el 10% para exportar su concentrado de cobre, que se procesa en el exterior para la fabricación de cables y otros productos manufacturados. Las otras tres compañías a las que se requirió el pago de retenciones fueron Bórax Argentina S.A. y Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (ambas extraen bórax) y Minera del Altiplano FMC, que exporta litio para la industria electrónica. En total, según las fuentes oficiales, son 14 empresas las que usufructuaron las exenciones desde que entraron en vigencia. por la suba de los precios internacionales, su ahorro fue de u$s 33 millones en 2002 pero saltó luego a u$s 124 millones en 2005 y a u$s 204 millones en 2006. En lo que va de 2007 –durante el cual el precio del cobre trepó un 80% y el del oro un 25%– ese monto ya se superó. La CAEM se limitó al comunicado de protesta y sus voceros no aclararon si encararán acciones judiciales adicionales. El lunes, la entidad había dejado trascender una dura carta a las autoridades nacionales donde advertía que los nuevos proyectos en carpeta del sector –que implican inversiones por unos u$s 30.000 millones– podrían trasladarse a otros destinos. Con esta modificación impositiva, sumada a los recientes aumentos de las retenciones a los granos y las naftas, el Gobierno se asegura para el año que viene ingresos adicionales por casi $ 9.000 millones. Así, apunta a cumplir con el superávit del 4,15% del PIB que prometió recientemente a banqueros e inversores internacionales, ansiosos por saber si podrá cumplir con los abultados vencimientos de la deuda pública que operan en 2009.