Este canje supone un viraje absoluto respecto a la denominada política desendeudamiento que en algún momento el Gobierno dijo que adoptaba. Aunque en la práctica nunca haya sido así.
Este canje representa volver a dejar al país en un nuevo proceso de endeudamiento, además de reconocer una deuda que dijeron que no iban a reconocer.
Y significa hacerlo en un marco de una operación absolutamente inconstitucional, ilegal, sospechada de tráfico de influencia, y con una propuesta para los bonistas que será más beneficiosa de la que dieron en el canje anterior.
Es inconstitucional porque en ningún caso ni la Cámara de Diputados y la de Senadores hemos visto nunca la oferta financiera que se hizo con lo que se violó el art. 75 de la Constitución Nacional que dice que es el Parlamento el encargado de permitir el endeudamiento de la Nación.
Es ilegal porque el grupo financiero que lidera el canje está integrado por el Banco Barclays, (junto a otros como el Citi y el Deutsche), entidad que opera a un lado y otro del mostrador porque representa a varios de los bonistas a los que está dirigida la oferta y, a la vez, hace la oferta financiera del gobierno argentino.
Está sospechado de tráfico de influencias, tal como hemos denunciado en el Congreso, porque participa una empresa consultora financiera llamada Arcadia, que tiene como socio a Marcelo Etchebarne, que en los últimos tiempos llevó a cabo de manera directa operaciones de canje que realizaron cuatro provincias proclives al Kirchnerismo, Formosa, San Juan, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Etchebarne es un hombre de fluidos vínculos con el Ministro de Economía Amado Boudou, al punto que Pablo Bossio, el hermano de el actual jefe del Anses, Diego Bossio, quién participó del canje trabaja en el mismo estudio y fue el encargado de hacer la operación de Mendoza. La consultora es la que trajo los bonistas e hizo la oferta financiera, algo que no debería haber hecho a causa de esa relación.
Esto explica otro elemento: la oferta es harto ventajosa para quienes accedan ahora, porque son nuevos bonistas que compraron los bonos a precio de remate con lo que tendrán una renta extraordinaria superior.
Además, está la cuestión de fondo que es que el Gobierno hace el canje sólo para endeudarse para financiar gasto corriente, no para inversión de infraestructura.
Otro elemento, como si esto fuese poco, es que ese mismo banco, el Barclays, es uno de los socios de una de las petroleras que operan en el Mar de Malvinas. Es poco serio que se busque solidaridad regional y se acepte que un banco de viola la soberanía territorial haga negocios con el Estado.
