Tres años después de que el diario cubano Juventud Rebelde publicó la mordaz serie de artículos bajo el título “La vieja gran estafa –en la que se pedía la reforma del sector de venta minorista tan castigado por la mala administración pública, la corrupción y el pésimo servicio– todavía se debate sobre la liberalización.
Abundan los rumores en La Habana de que el Estado pronto cederá el control sobre sus miles de peluquerías, cafeterías, panaderías, comercios de electrodomésticos y talleres mecánicos, y que optará por regular y cobrar impuestos en vez de administrar. Sin embargo, el Estado cubano parece estar haciendo lo contrario, remodelando y abriendo numerosos restaurantes, tiendas y otros comercios en todas las ciudades.
Raúl Castro, el presidente, insiste en que la economía cubana –que está manejada al estilo soviético– necesita cambios. Desde que hace dos años ocupó el cargo de su hermano Fidel, dio a entender que deben buscarse formas de reformar el sector de venta minorista. “Las empresas estatales deben ser eficientes y también deben tener recursos para serlo. El resto debería adaptarse a formas más adecuadas de propiedad con los recursos disponibles , aseguraba un informe del Ministerio de Economía el año pasado.
Sin embargo, comentaristas, economistas y analistas proponen elevar la reducida cantidad de empresas familiares y permitir que los empleados formen cooperativas, como las que hace tiempo funcionan en el sector agrícola.
Sin embargo, según parece es feroz la resistencia dentro del partido comunista, en especial en las provincias. “Cuba no es La Habana , bromeó un funcionario del partido a nivel provincial cuando se le pidió conciliar los nuevas tiendas controladas por el gobierno con la idea de que el Estado debería salir del sector.
Presionado, admitió que el Estado no necesita administrar algunos servicios, como todas y cada una de las peluquerías. Pero se opone a perder el control de establecimientos más grandes, como restaurantes y talles mecánicos para autos.
Las autoridades cubanas, cediendo ante la presión popular, está permitiendo a las granjas familiares y cooperativas que vendan parte de su producción usando kioscos o carritos tirados por caballos o bicicletas. Pero no entregó ningún comercio a sus empleados para que lo administren como cooperativa, ni hablar de privatizar.
