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La obligatoriedad de las resoluciones dictadas por los órganos de aplicación del Convenio Multilateral

Las provincias y municipalidades están obligadas a acatar las decisiones de la Comisión Arbitral y Plenaria por la adhesión realizada al Convenio Multilateral. De la doctrina de la CSJN, surge que los municipios pueden accionar judicialmente si consideran que no se ajusta a derecho la decisión de los órganos citados. En este trabajo, se reflexiona sobre la naturaleza jurídica de las resoluciones de la "CA" y "CP", y del planteo de casos concretos, sobre su obligatoriedad y necesidad de su revisión judicial, analizando reciente doctrina legal de la CSJN, y de la justicia de la provincia de Buenos Aires, siendo de utilidad para contribuyentes que opten por discutir la correcta aplicación del art. 35 del CM.

En el presente trabajo se reflexionará acerca de la naturaleza jurídica de las resoluciones de la Comisión Arbitral ("CA") y de la Comisión Plenaria ("CP") -órganos de aplicación del Convenio Multilateral ("CM")- como consecuencia del planteo de un "caso concreto", la obligatoriedad de las mismas, como así también la necesidad de su revisión judicial. Se describirá el escenario actual tanto para los contribuyentes como para los fiscos provinciales y municipales a través de la reciente doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("CSJN"), para luego desarrollar dos precedentes emanados de la justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resultan de gran utilidad para aquellos contribuyentes que opten por discutir la correcta aplicación del art. 35 del CM.

Riego cuando la Justicia Provincial avala pretensión Municipal con resolución favorable de los órganos de aplicación del "CM".

El interrogante radica en dilucidar si existe un riesgo cierto respecto a que la justicia provincial haga lugar a la pretensión de una municipalidad de pretender cobrar a un contribuyente supuestas diferencias en la Tasa de Seguridad e Higiene ("TISH"), aun cuando este último posea una resolución favorable emitida por los órganos de aplicación del CM.
Cabe recordar que el contribuyente que decide plantear un "caso concreto" en los términos del inciso b) del artículo 24 del CM no renuncia a la vía jurisdiccional eligiendo la vía administrativa. Tampoco el "caso concreto" resulta una vía excluyente del recurso interpuesto contra la resolución determinativa de oficio. Todo ello en virtud de que los órganos del CM sólo tienen competencia para expedirse acerca de la distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ("ISIB"). Es decir que si el contribuyente pretende cuestionar materias ajenas al ámbito del CM y de estricta incumbencia local -como la procedencia de la aplicación de una multa o la responsabilidad solidaria de sus directores- lo deberá hacer en el ámbito de la administración tributaria provincial o municipal correspondiente; y más allá de estas cuestiones, para evitar que el acto quede firme. Por lo tanto, se trata de dos revisiones simultáneas sobre distintos aspectos del acto determinativo de oficio.
Podría incluso considerarse que el planteo del "caso concreto" es la forma más efectiva de resolver un conflicto sobre la distribución de la base imponible del ISIB, tal como lo afirmó la Procuradora General de la Nación: "el mecanismo del artículo 24, inciso b), del CM no constituye una vía "alternativa" para la solución de las controversias entre el contribuyente y "el" fisco local, sino que se evidencia como el único mecanismo existente que posibilita finiquitar, de una vez, la cuestión con respecto a todas las jurisdicciones involucradas, dado que la corrección que pretenda una de ellas -en la porción de base imponible que le corresponde- repercutirá obligadamente en las relaciones del contribuyente con las demás provincias" (1).
Es así que los órganos del CM revisten los rasgos típicos de tribunales administrativos con competencia materialmente jurisdiccional, toda vez que el contribuyente no solicita un mero control de la distribución de la base imponible de la imposición local, sino que actúa ante la CA y CP para defender sus derechos subjetivos. El contribuyente ve afectado sus derechos subjetivos debido a que, a pesar de haber ingresado el 100 % de la correspondiente base imponible un fisco puede no estar de acuerdo con lo tributado en su provincia o municipio -producto de la distribución realizada por el sujeto de sus ingresos y gastos entre las jurisdicciones en donde ejerce actividad-, y en consecuencia le determinará la diferencia a su favor. Es por ellos que el planteo del "caso concreto" consiste en una herramienta útil para solucionar esta situación, y de hecho se encuentra previsto con ese fin.
Por lo tanto, el CM contempla un supuesto abstracto, proporciona reglas para la asignación de ingresos y gastos de aquellos ingresos brutos provenientes de un proceso único, económicamente inseparable, correspondientes a las actividades contempladas en aquel cuerpo normativo. El contribuyente o el fisco se enfrentan con un caso concreto a partir de la aplicación de aquél. De esta forma, se lleva a cabo el esquema lógico del silogismo en que la premisa mayor es el CM, la premisa menor es el "caso concreto" y la conclusión es la resolución de la CA y CP, que deviene en una decisión de tipo jurisdiccional.
Ahora bien, las resoluciones de los órganos de aplicación del CM son obligatorias para las partes. Esta obligatoriedad no sólo surge del propio CM (art. 24 inc. b), sino de consolidada jurisprudencia de la CSJN, in re "Municipalidad de Morón c/ S.A. Deca, I. y C. y otra" (2), del cual surge el principio de imperatividad de las cláusulas del CM respecto de las partes contratantes y sus municipios, como así también la decisiva importancia que revisten para dirimir las controversias las decisiones emanadas de los órganos de aplicación. Así la CSJN manifestó, remitiéndose al dictamen del Procurador General de la Nación, que las provincias y los municipios "deben acatamiento a las resoluciones de aquellos organismos creados por el Convenio y cuya competencia para resolver respecto de diferendos (…) ha sido expresamente pactada por los fiscos adherentes". Agregando que las cláusulas del CM son imperativas "respecto de las partes contratantes y sus municipios, como así también de decisiva importancia que revisten para dirimir las controversias que se susciten en torno a tales cláusulas la interpretación y las decisiones emanadas de los órganos de aplicación instituidos por el aludido Convenio, es decir la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria".
No obstante ello, se advierte que no existe ley alguna que autorice a la CA y a la CP a ejecutar sus resoluciones, tampoco encontramos una autorización implícita ni una sanción administrativa por el incumplimiento de las mismas. Por lo tanto, sus decisiones no pueden ser ejecutadas de oficio; tampoco los fiscos de las veintitrés provincias y la CABA, y por extensión los municipios, pueden hacerlas cumplir por los contribuyentes que plantearon el "caso concreto". Menos aún estos últimos tienen la posibilidad de que los fiscos respeten la distribución de la base imponible dispuesta por las resoluciones dictadas por los órganos del CM. Sólo cabe la posibilidad de que sea solicitado ante un juez, previo indispensable escrutinio del acto, para que disponga su ejecución en caso de ser regular.

La actual doctrina legal de la CSJN

En su más reciente jurisprudencia in re "Frigorífico de Aves Soychu", "Maxiconsumo", "Automotores Juan Manuel Fangio" (3), la CSJN sostuvo que las resoluciones de la CP son revisables por el Poder Judicial, pero deberán ventilarse ante los tribunales competentes por las vías que las normas procesales respectivas dispongan. Así declaró formalmente improcedente los Recursos Extraordinarios Federales interpuestos tanto por contribuyentes como por los fiscos.
Uno de los motivos por los cuales la CSJN rechazó los sendos recursos contra las resoluciones de la CP fue debido a que la apelación del art. 14 de la Ley 48 sólo procede respecto de sentencias judiciales, de acuerdo a lo dispuesto en "Cía. Minera Aguilar" y "Makro" (4). Esta doctrina legal fue siempre reconocida por la CP, ya que en sus resoluciones expresaba que "respecto a la admisibilidad del recurso extraordinario presentado, los precedentes obrantes sobre el tema indican que de acuerdo a la doctrina del más Alto Tribunal, plasmada en autos Cía. Minera Aguilar S.A. (Fallo del 22/9/83) y Makro S.A. (23/4/96), entre otros, la apelación del artículo 14 de la ley 48 sólo procede contra sentencias judiciales, es decir, provenientes de los órganos permanentes del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias". No obstante ello, debido a que "el mejor custodio de la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el propio Tribunal", la CP consideraba conveniente conceder los recursos "en atención a la adecuada salvaguarda del derecho de defensa y la garantía de la tutela jurisdiccional".
En los pronunciamientos arriba mencionados -"Cía. Minera Aguilar" y "Makro"-, nuestra CSJN remitió a su propia doctrina legal en donde expresó que "el único derecho que para los contribuyentes surge del convenio es el de impugnar ante los órganos de este la conducta de cualquiera de sus partícipes que pudiera considerarse contraria a sus preceptos; bien cabe afirmar, en tal sentido, que esa actividad configura el mejor control de las autolimitaciones que se han impuesto las entidades que o suscribieron. Empero, una vez resuelta la controversia por la más alta autoridad instituida por el tratado -la comisión plenaria-, en la cual se encuentran representados todos los adherentes (art. 16), es claro que la recurrente carece de la facultad de cuestionar lo decidido, pues ningún derecho emergente del convenio puede hacer valer contra los participes del conflicto luego de que se han sujetado al pronunciamiento de aquellas (doctrina de fallos: 185:140).
Que, concordantemente con lo expuesto, el interés de la apelante (…) debe hacerse valer ante las autoridades administrativas de la provincia o municipalidad a la que se pagó indebidamente el tributo y, eventualmente, ante los tribunales competentes, por las vías que las normas procesales respectivas dispongan, sin perjuicio de la intervención de esta corte en el supuesto de suscitarse una cuestión federal durante su curso." (4)
La segunda razón para declarar improcedentes los Recursos Extraordinarios Federales utilizada por la CSJN fue que el CM forma parte del derecho público local en los términos de "Papel Misionero" (5), carácter que resulta extensivo a la actividad desplegada por los organismos encargados de su aplicación.
Ahora bien, de existir un control judicial de las resoluciones dictadas por los órganos del CM con el mismo alcance que el previsto respecto al acto administrativo determinativo de oficio, cabe preguntarse qué efectividad podrá tener ese control si jamás llegará a ser revisado por la CSJN en tanto continúe vigente la doctrina legal de "Papel Misionero". Otra dificultad en el análisis consiste en la imposibilidad de citar como terceros a los demás fiscos involucrados en el "caso concreto" en un proceso que tramite ante la justicia provincial. Es por ello, que resulta útil tomar como modelo las consecuencias jurídicas en el reciente pronunciamiento "Gasnor" (6), en donde la CSJN no sólo aplicó las normas del CM en forma contraria a sus órganos de aplicación, indicando su correcto alcance, sino que también las restantes jurisdicciones en donde el contribuyente desarrolla su actividad pudieron intervenir en el proceso (7). Si bien se trata de un caso particular, a través de "Gasnor" se puede advertir cómo un pronunciamiento de la CSJN puede revertir una situación de gran inseguridad jurídica, disponiendo una solución adecuada a los tratamientos disímiles entre varias jurisdicciones respecto a la correcta asignación de los ingresos y gastos, así como también aclarar el sentido de las normas vigentes de una ley-convenio. Tan esclarecedor podría resultar el hecho de que la CSJN revise el criterio de los órganos de aplicación del CM que el contribuyente podría encontrarse ante dos escenarios luego de obtener una sentencia favorable: (i) la eventual prosecución de un juicio de apremio importaría una afectación directa e inmediata de su derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional -obtenido a través del decisorios de la CSJN-, todo ello en el supuesto de no haberse ingresado las diferencias reclamadas por uno de los fiscos que consideró que distribuyó incorrectamente la base imponible del tributo en los términos de los dispuesto por el CM (8); y (ii) en el caso de que el contribuyente realice un pago bajo protesto a los efectos de evitar la traba de una medida precautoria, lo resuelto por la CSJN podría servir de fundamento a los efectos de interponer un eventual reclamo de repetición ante la Dirección de Rentas provincial correspondiente.

Consecuencias de las recientes decisiones de la CSJN

Volviendo a la actual doctrina legal de la CSJN, se pueden apreciar sus efectos a partir de algunos pronunciamientos de la justicia de la Provincia de Buenos Aires que se desarrollarán a continuación.

- El caso "La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales" (9)
Mediante la Resolución Nº 2064/10 la Municipalidad de Vicente López determinó de oficio una deuda en concepto de TISH. El contribuyente interpuso recurso de reconsideración alegando que el Municipio tomó como base imponible la totalidad de los ingresos de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, sin considerar lo informado oportunamente referido a la existencia de otro local en la comuna de San Isidro y su incidencia en la determinación del tributo, en los términos del tercer párrafo del artículo 35 del CM.
Asimismo, la Segunda Cooperativa planteó el "caso concreto" ante la CA que, mediante la Resolución Nº 25/2012 dispuso que la Municipalidad se había excedido al encuadrar el caso en el tercer párrafo del artículo 35 del CM al soslayar la consideración de otros municipios en donde el contribuyente realizara actividad. En consecuencia, se dispuso que el fisco tenia el derecho a atribuirse la porción de base imponible que prevé el segundo párrafo del artículo 35. Finalmente, la CP a través de la Resolución Nº 16/2013 confirmó lo resuelto por la CA.
No obstante lo resuelto por los órganos de aplicación del CM, la Municipalidad de Vicente López inició un apremio reclamando las supuestas diferencias que consideraba a su favor. El Juzgado de Paz de Vicente López rechazó las excepciones opuestas por el contribuyente y mandó a llevar adelante la ejecución fiscal. Consecuentemente, la demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia del a quo ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro.
El tribunal de alzada resolvió que, toda vez que la Municipalidad de Vicente López practicó la liquidación en un sentido contrario al ordenado por la resolución de la CP sin promover la pertinente revisión judicial de la misma -a cuyo cumplimiento se encontraba obligada-, el certificado de deuda en que se sustentó el apremio resultaba inhábil. Fundamentó dicha postura citando precedentes de la CSJN de los cuales se desprende el principio de imperatividad de las cláusulas del CM respecto de las partes contratantes y sus municipios, como así también la decisiva importancia que revisten para dirimir las controversias las decisiones emanadas de sus órganos de aplicación.
La Cámara dejó claramente establecido que la Municipalidad de Vicente López, previo a practicar la liquidación en un sentido distinto al ordenado la CP, debió haber promovido la revisión judicial de dicha resolución administrativa a cuyo cumplimiento se encontraba obligada. A tal fin, la herramienta procesal correspondiente resultaba la prevista en el artículo 12, punto 1 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, esto es la pretensión anulatoria, cuyo objeto es dejar sin efecto una resolución administrativa (10).
La Municipalidad apeló la mentada sentencia interponiendo el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quien decidió rechazarlo mediante el pronunciamiento de fecha 19 de noviembre de 2016 por considerar que el mismo fue insuficientemente fundado, y consecuentemente dejó firme la sentencia de la Cámara de San Isidro. No obstante ello, la Municipalidad de Vicente López dedujo Recurso Extraordinario Federal el 21 de diciembre de 2016. Por lo tanto, el caso continúa en discusión.

- El caso "Cerámica Cerro Negro" (11)
Cerámica Cerro Negro S.A. interpuso demanda en los términos del inciso 1) del artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires contra el Decreto 2086/14 dictado por el Intendente de la Municipalidad de Vicente López. Asimismo, solicitó una medida cautelar que fue rechazada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro, lo que derivó en la interposición de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio a los efectos de solicitar la inexigibilidad del pago previo. Los argumentos de Cerámica Cerro Negro se basaron en considerar improcedente la pretensión de la Municipalidad, toda vez que había planteado oportunamente el "caso concreto" ante la CA. Tiempo más tarde, el contribuyente amplió demanda denunciando como hecho nuevo el dictado de la Resolución N° 53/2014 de la CA que le resultó favorable. En consecuencia, el juez le otorgó la medida cautelar ordenando a la Municipalidad de Vicente López se abstenga de ejecutar la deuda objeto del acto determinativo objeto de autos hasta tanto se pronuncie la CP. Para ello manifestó que las decisiones de la CA son obligatorias para las partes de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24, inciso b) del CM.
En virtud de ello, la Municipalidad interpuso recurso de apelación ante la Cámara Contencioso Administrativa de San Martin. Entre los argumentos esgrimidos sostuvo que las decisiones de los órganos del CM son susceptibles de ser atacadas en sede judicial, tal como fuera señalado por la CSJN en los autos "Frigorífico de Aves Soychú" y en "Automotores Fangio". Sin embargo, el 27 de agosto de 2015 la Cámara confirmo la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de San Isidro. Manifestó que la CP mediante la Resolución N° 10/2015 rechazó el recurso de la Municipalidad contra la Resolución N° 53/2014 de la CA, y como las decisiones de los mentados organismos interjurisdiccionales constituyen actos administrativos gozan de una presunción de legitimidad. Concluyó entonces que la resolución de la CP resulta suficiente a efectos de configurar la verosimilitud del derecho, desvirtuando prima facie la presunción de legitimidad del acto dictado por la Municipalidad de Vicente López. Destacó que el hecho de que las resoluciones se encuentren sujetas a control judicial suficiente de acuerdo a la doctrina legal de la CSJN no logra modificar en aquella instancia del proceso la presunción de legitimidad de la resolución de la CP. Por último, manifestó que la medida cautelar dispuesta en autos conlleva a eximir el pago previo.

Palabras finales.

Las provincias y por extensión las municipalidades se hayan obligadas al acatamiento de las decisiones de la CA y CP en virtud de la adhesión realizada al CM. De la doctrina legal de la CSJN citada ut supra los fiscos municipales deberán promover acción judicial si consideran que no resulta ajustada a derecho la decisión de los órganos de aplicación del CM. En consecuencia, hasta tanto no se dicte sentencia definitiva por parte de un órgano judicial, los fiscos no podrán pretender el cobro compulsivo de la supuesta deuda que pretenden reclamar.
En virtud de todo lo expuesto, y retomando los casos en discusión ante los órganos de aplicación del CM sobre la correcta aplicación del artículo 35, en el caso de que un contribuyente obtenga una resolución favorable por parte de la CP, la Municipalidad no podría iniciar una ejecución fiscal sin antes recurrir dicho acto administrativo ante la justicia provincial. Y por otro lado, en caso de que se decida interponer una acción contenciosa ante la justicia provincial a los efectos de evitar que quede firme la resolución que eventualmente rechace el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto, cabe la posibilidad de solicitar una medida cautelar a los efectos de evitar la exigibilidad del solve et repete invocando una futura resolución favorable de alguno de los órganos de aplicación del CM.
Cabe resaltar sin embargo, que no todas las jurisdicciones prevén la suspensión del procedimiento recursivo en que se encuentre discutida la validez de la determinación de oficio a raíz de la comunicación realizada por el contribuyente sobre el planteo del "caso concreto" (12). Es así que encontramos ciertos fiscos (en especial a algunos municipales) que al no acatar el criterio de las resoluciones de los órganos de aplicación del CM, tampoco suspenden el procedimiento determinativo de oficio ante el planteo de un "caso concreto" por parte del contribuyente. En consecuencia, existe la posibilidad de que la Municipalidad inicie un apremio antes de que la CA dicte una resolución favorable al contribuyente, o bien que, de optar el contribuyente por interponer una demanda impugnativa a los efectos de evitar que quede firme la resolución que eventualmente rechace el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto, deba ingresar el capital e intereses reclamados en concepto de solve et repete, sin poder solicitar una medida precautoria ante la inexistencia de pronunciamiento alguno de la CA.
Más allá de los conflictos que pueden suscitarse en caso de que los municipios no acaten las resoluciones de los órganos de aplicación del CM, resulta claro que debería existir un control judicial de lo resuelto por la CP con el mismo alcance que el previsto respecto al acto administrativo determinativo de oficio. Sin embargo, cabe preguntarse qué efectividad puede tener ese control judicial si jamás llegará a ser revisado por la CSJN hasta tanto siga vigente el criterio sentado en "Papel Misionero". Esta doctrina legal también impide la intervención de tribunales inferiores de competencia federal y de esta forma la revisión de la justicia provincial podría colisionar con las decisiones emanadas de los representantes de todos fiscos a través de los órganos del CM.
Por todo lo expuesto, y luego de analizar escenarios tan complejos resulta casi ineludible proponer una solución concreta para establecer qué tipo de revisión judicial resultaría viable para recurrir las resoluciones de los órganos del CM. Es así que consideramos que debería suspenderse el procedimiento determinativo de oficio hasta tanto la decisión de los órganos del CM haya sido sometida a un control judicial suficiente por alguna de las partes. Esto quiere decir que dicha suspensión deberá encontrarse expresamente prevista en el Reglamento Procesal para la CA y CP, así como también la herramienta recursiva pertinente debe estar prevista en el texto del CM.
Respecto al tribunal judicial competente para revisar la resolución del "caso concreto", será conveniente que se trate de (i) un tribunal específico creado a tal efecto, es decir, como alzada de la CP; o bien (ii) de la misma CSJN, aunque en este último caso se entraría en colisión con la doctrina legal de "Cía. Minera Aguilar", "Makro" y "Papel Misionero". Todo ello a los efectos de que se pueda citar como terceros a los fiscos de las jurisdicciones en donde el contribuyente desarrolla su actividad.
Una vez que el tribunal que se designe para estos procesos se pronuncie, su sentencia deberá ser comunicada al juez administrativo que deberá proseguir con la determinación de oficio (siempre y cuando no se encuentre sólo en discusión la distribución de la base imponible).
En consecuencia, cuando se agote la vía administrativa y el contribuyente opte por interponer demanda contenciosa o el fisco decida iniciar una ejecución fiscal, la distribución de la base imponible será aquella determinada por el tribunal de alzada de la CP o por la misma CSJN.
En el supuesto de que se decida crear un tribunal específico de alzada de la CP, es importante tener presente que la sentencia dictada por aquel podría ser finalmente revisada por la CSJN. Esto ocurriría en el caso de que nuestro Máximo Tribunal abra su competencia por suscitarse una cuestión federal y decida también expedirse acerca de la correcta aplicación del CM (a pesar de la vigencia de "Papel Misionero"). Aunque no se debería descartar que, para el momento en que aquella causa llegue a aquella instancia, la CSJN vuelva a considerar que las cuestiones de derecho público local no resultan ajenas al ámbito del Recurso Extraordinario Federal.

(1) "Maxiconsumo S.A. c/ Provincia de Misiones", CSJ M. 921. XLII., 14/5/13.
(2) Fallos 294:420
(3) "Frigorífico de Aves Soychú SAIFI c/ Municipalidad de Gualeguay", CSJ F. 509. XLV., 14/5/13; "Maxiconsumo S.A. c/ Provincia de Misiones", CSJ M. 921. XLII., 14/5/13; "Automotores Juan Manuel Fangio c/ Provincia de Buenos Aires", CSJ A. 1014. XLV., 14/5/13, "Automotores Juan Manuel Fangio c/ Pcia. De Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires", CSJ A. 1013. XLV., 14/5/13; "Radiotrónica de Argentina S.A. s/ Protocolo Adicional RG Nº 3/2007 Municipio de Vicente López - Morón y Merlo", CSJ R. 649. XLVI., 1/8/13; "Valois SACIFIA c/ Provincia de Misiones s/ rec. Extraordinario", CSJ V. 185. XLIX., 19/11/13.
(4) "Recurso de hecho deducido por la Cía. Minera Aguilar S.A. en la causa Compañía Minera Aguilar S.A. s/ expediente C.A. N° 24/81", CSJ, 22/9/83 (considerandos 5° y 6°).
(5) En "Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa", CSJ P. 582. XXXIX., del 5/5/09 la CSJN sostuvo que no procedía su competencia originaria debido a que (i) las leyes-convenio forman parte, aunque con diversa jerarquía, del derecho público provincial (régimen de coparticipación federal y CM en sus respectivas ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales, justamente por formar parte del plexo normativo local); (ii) sólo se discute la validez de un tributo en instancia originaria cuando es atacado exclusivamente como contrario a la Constitución Nacional; y por lo tanto, (iii) corresponde la competencia originaria cuando la cuestión federal es predominante en la causa. De esta forma, dejó establecido expresamente que dejaba de lado la doctrina legal de "El Cóndor" (Fallos 324:4226), reestableciendo la tradicional doctrina sentada en "Transportes Automotores Chevallier S.A." (Fallos 314:862).
(6) "Gasnor S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza" CSJ 629/2007 (43-G/CS1, 15/9/15.
(7) Caso desarrollado en el artículo de la autora, "La aplicación de criterios disímiles en el Convenio Multilateral y la competencia originaria de la Corte", publicado en el Suplemento Fiscal & Previsional del diario El Cronista el 9/11/15.
(8) cnfr. doctrina de la causa "Dirección General lmpositiva v. Cannon SAlC", CSJ (Fallos: 326:2477).
(9) "Municipalidad de Vicente López c/ La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales s/ Apremio", causa N° VL-95560-2013, Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, 27/4/15.
(10) Para llegar a tal decisión la Cámara se basó en el trabajo de Condorelli, Enrique L., "La Revisión Judicial de las Decisiones de las Comisiones Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral en la Provincia de Buenos Aires", Doctrina Tributaria de Editorial Errepar, T° XXXV, septiembre 2014.
(11)"Cerámica Cerro Negro S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión anulatoria", causa SI2-4689-2015, Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, 27/8/15.
(12) Sólo se encuentra taxativamente previsto por el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires a través del Acuerdo Plenario N° 34 de fecha 16 de octubre de 2014.

La Dra. Laura Karschenboim, es abogada especializada en Derecho Tributario y ha efectuado trabajos publicados en la revista Consultor Tributario de Editorial Errepar y en el Suplemento Fiscal y Previsional del Diario El Cronista Comercial; y su dirección de mail es: (karschenboim.laura@gmail.com)