Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Análisis de un nuevo fallo sobre la gravabilidad de los ingresos por exportaciones en el ámbito local

El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Trivento Bodegas y Viñedos c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza puede derivar en el establecimiento de un nuevo precedente sobre la base de un andamiaje normativo más complejo. En este trabajo, se brinda una visión más amplia y profunda del tema, otorgando los fundamentos de defensa que podrían plantearse en el caso de que la provincia de Misiones o los fiscos municipales pretendan la gravar los ingresos por exportaciones.

Si bien un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("CS") no implica per se una novedad respecto de los planteos que han llegado a su conocimiento, sí puede derivar en el establecimiento de un nuevo precedente sobre la base de un andamiaje normativo más complejo. En el caso que nos ocupa, se realizará seguidamente un análisis del panorama actual de la temática que adelanta el título de este trabajo, en el entendimiento de que este le brindará al lector una visión más amplia y profunda al respecto y le otorgará los fundamentos troncales para efectuar eventualmente una defensa ante las pretensiones del fisco de la Provincia de Misiones, como así también ante ciertos fiscos municipales, a la vez que responderá los interrogantes relacionados con la legalidad de la normativa local que se pretenda impugnar.

Los hechos

Trivento Bodegas y Viñedos S.A. ("Trivento") promovió en jurisdicción originaria de la CS una acción declarativa de certeza -en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ("CPCCN")- contra la Provincia de Misiones (1), mediante la cual cuestionó la pretensión de la Dirección General de Rentas de Misiones ("DGR") de incluir en la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ("IIBB") las operaciones de exportación que efectuó a través de aduanas ubicadas fuera del territorio provincial, alegando que resultaba contrario al régimen federal de gobierno y a la distribución de competencias tributarias consagrada en la Constitución Nacional ("CN"), con afectación de la cláusula comercial, lesionando asimismo el derecho de propiedad. Planteó la prescripción de los períodos reclamados por considerar aplicable el plazo establecido por el entonces vigente Código Civil y cuestionó su designación como agente de retención y percepción por parte de la Provincia, en exceso de sus facultades territoriales, toda vez que Trivento no posee local en el ejido provincial sino que distribuye sus productos a través de un agente de ventas domiciliado en la Provincia del Chaco. Por último, solicitó el dictado de una medida cautelar a los efectos de que se ordenara a la DGR que suspendiera preventivamente toda acción tendiente al cobro del IIBB.
En ese marco, el 9 de diciembre de 2015, la CS se declaró incompetente respecto de los planteos relativos a la prescripción de la acción del fisco local y de la designación de Trivento como agente de recaudación, pero sin embargo, declaró su competencia originaria en lo que concierne a la inclusión de las exportaciones desde aduanas situadas fuera de Misiones en la base imponible del IIBB, concediendo la medida cautelar solicitada. Consideró para ello que la cuestión resultaba sustancialmente análoga a la examinada y resuelta en los autos "Aceitera Martínez" (2) (3).
En tal sentido, corresponde recordar que en esta última causa, sin tomar los argumentos expuestos por la Procuradora en su dictamen del 22 de septiembre de 2011 (que haciendo alusión a la doctrina legal de "Papel Misionero" opinó que el proceso resultaba ajeno a la competencia originaria de la CS, toda vez que "lo medular del planteamiento que se efectúa remite a examinar, además de la violación constitucional que invoca, la adecuación de la pretensión fiscal de la provincia a la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos y al convenio multilateral del 18 de agosto de 1977"), la CS declaró su competencia manifestando que el planteo efectuado requería dilucidar si la pretensión exteriorizada por la Provincia de Misiones implicaba o no una extralimitación territorial de su potestad fiscal, otorgando en consecuencia la medida cautelar solicitada por el contribuyente.
Por otro lado, a los fines que nos interesan y ante el fallo que se comenta, no debe perderse de vista que el 10 de julio de 2014 la CS declaró extinguido el proceso seguido por Aceitera Martínez ante su desistimiento de la acción en los términos del artículo 304 del CPCCN. Ello implica que la causa "Trivento" reviste importancia atento a que la CS podrá avanzar en el estudio de la cuestión de fondo y establecer su doctrina legal al respecto.

La cuestión constitucional

La organización del poder en nuestro sistema federal descansa en un doble orden de atribuciones derivado de la coexistencia de la personalidad jurídica de las Provincias (incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y del Estado Nacional. El denominado federalismo fiscal implica una coordinación entre las distintas esferas de gobierno y se conjuga, sin dudas, con el derecho público local, que a su vez se vincula con el reparto de competencias tributarias establecido por nuestra CN. Mediante dicho reparto, que abarca mucho más que la materia tributaria, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (artículo 121 CN) en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (artículo 75 CN) (4).
El referido artículo 121 contiene una rigurosa idea federal: las provincias conservan todo el poder no delegado por la CN al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Como sostenía Gorostiaga, el gobierno de las provincias viene a ser la regla y el derecho federal la excepción (5). Sin perjuicio de ello, no puede dejar de señalarse que en nuestro país las fuerzas centrípetas han conseguido un avance considerable de la centralización, dejando en el pasado la entonces comprobación de Gorostiaga, ya que el derecho federal, de la excepción, pasó a convertirse, en los hechos, en la regla.
La dependencia es un círculo vicioso y la forma federal de Estado ha generado siempre el problema de la definición de las fronteras de la competencia, siendo que los actos locales no pueden ser invalidados sino cuando han ejercido una competencia expresamente atribuida por la CN al gobierno federal o su ejercicio hubiera sido expresamente prohibido.
En ese contexto, la cuestión constitucional que nos interesa, parte de considerar si la inclusión de los ingresos provenientes de operaciones de exportación en la base imponible del IIBB resulta legitima. Para ello, el abanico constitucional se abre en dos preguntas; la primera: ¿pueden las provincias gravar las exportaciones? y la segunda: ¿qué requisitos debe cumplir la gabela para resultar conforme a la CN y a la Ley de Coparticipación?
Considerando el primer interrogante y lo hasta aquí expuesto, el análisis requiere partir de una premisa esencial: en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 1 de la CN, las provincias no pueden gravar el ingreso o egreso de las mercaderías desde o hacia el exterior del país, ya que ello es facultad privativa de la Nación a través del Congreso. A contrario sensu, dentro del marco normativo constitucionalmente establecido, pueden gravar los ingresos provenientes de las operaciones de exportación en la medida en que no graven la operación misma del egreso, lo cual implicaría, básicamente, la imposición de un derecho aduanero exclusivamente federal. Es que, a su vez, compete al gobierno federal la regulación del comercio internacional e interjurisdiccional (artículo 75 inciso 13 CN -cláusula de comercio) y es por ello que tampoco pueden legítimamente las provincias crear impuestos que entorpezcan, frustren o impidan la circulación interprovincial comercial, ni el comercio internacional.
Debe quedar claro que lo afirmado precedentemente responde a un análisis en abstracto del reparto de competencias entre la Nación y las provincias, ya que, como se verá más adelante y como suele suceder con los principios, éste posee limitaciones. Volviendo a la diferenciación efectuada en el párrafo que antecede, respecto de la prohibición de establecer impuestos aduaneros a diferencia de gravar los ingresos que se obtengan por esas operaciones, esta no resulta antojadiza pues ha formado parte del criterio seguido por la CS que prevalece desde el 7 de septiembre de 1973.
En esa fecha, abandonando la doctrina sentada por la mayoría en "Quebrachales Fusionados" (6), resolvió en la causa "Indunor" (7) sobre la constitucionalidad del entonces Impuesto a las Actividades Lucrativas aplicado sobre los ingresos provenientes de exportaciones, estableciendo (i) que no debe confundirse el hecho imponible con la base o medida de la imposición, (ii) que es facultad propia de las provincias elegir el método adecuado para la determinación del impuesto, pudiendo hacerlo por cualquier medio que le permita establecer el quantum de la actividad desarrollada dentro de su territorio, y (iii) que la gabela así percibida será válida y legítima en tanto no grave específicamente actividades extraterritoriales y no se imponga con motivo o como requisito para permitir la salida de los productos del ámbito territorial, con prescindencia de que se los destine al consumo o elaboración dentro o fuera de la República; respondiendo así los requisitos que debe cumplir el tributo para no ser fulminado de inconstitucional.
Claro está que no debe perderse de vista que la doctrina legal sentada in re "Indunor" fue establecida con anterioridad al actual régimen de coparticipación tributaria, lo cual nos lleva al siguiente punto.

La Ley 23.548 de "Coparticipación Federal de Recursos Fiscales"
Las facultades tributarias provinciales y municipales encuentran diversos valladares normativos a la hora de llevarlas a la práctica; la Ley de Coparticipación es uno de ellos.
En nuestro ordenamiento jurídico positivo, las leyes tienen diversas clasificaciones; la que nos interesa es aquella que abarca a las leyes-convenio sancionadas por el Congreso Nacional y aprobadas por las provincias. Tal es el caso de la Ley Convenio de Coparticipación establecida en el artículo 75 inciso 2 de la CN. Dicha ley y las leyes provinciales respectivas de adhesión, constituyen una fuente de derecho intrafederal, que posee un rango específico dentro del derecho federal que impide su derogación unilateral por cualquiera de las partes, prevaleciendo sobre las leyes ordinarias (8).
La Argentina ha consolidado un régimen de coparticipación impositiva entre el gobierno federal, las provincias y los municipios, sobre los impuestos indirectos concurrentes - excluidos los de exportación e importación - y algunos impuestos directos. El federalismo fiscal, al que se hizo referencia anteriormente, encuentra su cúspide en la Ley 23.548, que determina en el inciso b) punto 1 del artículo 2, la restricción general de gravar en el IIBB los ingresos provenientes de las operaciones de exportación al sostener que "podrán gravarse las actividades conexas a las exportaciones (transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza)".
De aquello derivan una serie de conclusiones y precisiones: (i) haber establecido que las provincias "podrán gravar las actividades conexas a las exportaciones" no implica - por los fundamentos expuestos en el punto anterior - que no pudieran hacerlo antes, pues no existe óbice constitucional al respecto; (ii) el hecho de haber dejado plasmada tal posibilidad en el contexto referido a las características básicas a las que deben ajustarse el IIBB, implica que las provincias no se encuentran facultadas -por una restricción autoimpuesta- para someter a imposición las operaciones de exportación en el IIBB. Caso contrario, carecería de sentido tal disposición. En efecto, las provincias pueden limitar convencionalmente el ejercicio de su poder impositivo a través de acuerdos con el estado federal y ello ha sido reconocido por la CS desde 1958 en el caso "Madariaga Anchorena Carlos J."; y (iii) esa restricción autoimpuesta se perfeccionó para cada provincia al adherirse mediante ley provincial al régimen de coparticipación "sin limitaciones ni reservas" (artículo 9, inciso a) de la Ley 23.548).
En mérito a lo hasta aquí reflexionado, se puede concluir lo siguiente: (i) si bien la doctrina de "Indunor" sigue vigente, a la luz de la actual Ley de Coparticipación no resulta aplicable y, por ende, tampoco es legítima la pretensión por parte de las provincias de gravar la actividad en cuestión, sea ello aplicando un gravamen directamente a la operación o al producto de sus ingresos; (ii) las provincias no expresaron reserva de ningún tipo al adherir a la Ley Convenio; y (iii) en consonancia y como se verá seguidamente, esta prohibición también fue receptada por las legislaciones locales e inclusive fue volcada en el ordenamiento de las Resoluciones Generales de la Comisión Arbitral ("CA").
Fue en concordancia con el compromiso asumido al adherirse a la Ley de Coparticipación que las jurisdicciones decidieron no gravar los ingresos de las exportaciones (9) o bien eximirlos (10), siendo los mismos, en definitiva, ingresos que no resultan sujetos a la tributación del caso. Sin embargo, la Provincia de Misiones derogó el entonces artículo 128, inciso d) del Código Fiscal a través del artículo 30 de la Ley 4.255 -publicada el 13 de enero de 2006- que disponía la no gravabilidad de los ingresos de las exportaciones.
Como consecuencia de esto último, en la causa "Henter" (11) se planteó ante la CS la inconstitucionalidad del mencionado artículo 30 de la Ley 4.255 por ser contrario a la legislación federal, a la CN y al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Conforme los argumentos y la conclusión del dictamen de la Procuradora, la CS se declaró incompetente, por considerar que la materia del pleito no resultaba exclusivamente federal, y ordenó que el proceso tramitara ante la Justicia de la Provincia de Misiones.
En otro planteo similar (12), a pesar de que el contribuyente sólo pretendió la declaración de que la derogación del artículo 128, inciso d), del Código Fiscal de Misiones no podía interpretarse como una autorización para gravar los ingresos brutos derivados de las exportaciones por estar vedado por normas superiores que la provincia no puede transgredir -aclarando que no se impugnaban los actos administrativos de determinación tributaria, liquidación e intimación, ni la Ley 4.255-, la CS entendió que igualmente se trataba de una cuestión exclusivamente federal, remitiendo su decisión a lo resuelto en "Henter".
Como corolario de lo expuesto, la CS no se ha expedido sobre la procedencia del accionar del fisco de Misiones a partir de la reforma del Código Fiscal.

La gravabilidad de los ingresos por exportaciones en las tasas municipales
En el ámbito municipal existen ciertas ordenanzas que no disponen la exclusión, exención o deducción respecto a los ingresos por exportaciones en la base imponible de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene ("Tasa") (13), sean éstas efectuadas desde el mismo municipio o desde otros. Existe un precedente, similar al de "Trivento", mediante el cual el contribuyente Molfino Hermanos, promovió ante la justicia federal del Chaco, una medida cautelar a los fines de que se ordenara a la Municipalidad de Resistencia que se abstuviera de exigir el pago de la Tasa de Registro, Inspección y Servicios de Contralor por los ingresos obtenidos en virtud de exportaciones realizadas fuera de esa Provincia, toda vez que no los había incluido en la base imponible. El Juzgado Federal de Resistencia interviniente, resolvió otorgar la medida precautoria solicitada toda vez que "frente a la índole de las actividades desplegadas por la actora en el Municipio, no se advierten las razones para someterla un régimen de percepción sobre operaciones que no tienen curso en el mismo, y por los cuales no existe una vinculación directa con algún servicio o actividad del Estado" (14).
A mayor abundamiento, existen demandas de repetición interpuestas contra ciertos municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitando la devolución de las sumas abonadas en exceso por los ingresos por exportación que fueran incluidos por el fisco en la base imponible de la Tasa. Los contribuyentes peticionan asimismo la declaración de la inconstitucionalidad de las Ordenanzas Fiscales, ya que si la misma Provincia establece la no gravabilidad de los ingresos por exportaciones, dicha limitación debería ser aplicada y respetada por las municipalidades sin desconocer la legislación nacional y provincial.
Conviene precisar que si bien los artículos 5 y 123 de la CN establecen que las provincias aseguran la autonomía para sus municipios, en materia tributaria dicha autonomía se mantiene restringida, conforme fuera sostenido reiteradas veces por la CS (15). En consecuencia y sin perjuicio de esa autonomía, los municipios cuentan con potestades tributarias acotadas sujetas a aquellas que, en definitiva, les fijen las legislaturas provinciales.
Asimismo, la mentada Ley 23.548 dispone que las provincias quedan obligadas a aplicar las disposiciones del Convenio Multilateral (CM), que en su artículo 35 establece cómo tributan las tasas municipales que deben abonar los contribuyentes que se encuentren inscriptos en dicho régimen. Del mencionado artículo se desprende que la base imponible de las tasas de un contribuyente sujeto del CM no podrá exceder del monto de los ingresos que le corresponden a la provincia a la cual pertenece el municipio. Por lo tanto, si la provincia excluye o exime del IIBB los ingresos por exportaciones, no podrán ser estos incluidos en la liquidación de la Tasa por la municipalidad.
La controversia suscitada en torno a la inclusión en la base imponible de la Tasa de los ingresos por exportaciones llegó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en su sentencia del 4 de abril de 2012 se pronunció de forma unánime en la causa "Abb-Elster" (16) en forma contraria a las pretensiones fiscales. El Tribunal provincial afirmó que si la Provincia de Buenos Aires "excluye del gravamen a los ingresos por exportaciones, no puede incluirlos el municipio dentro de la base de medición de la tasa cuestionada", agregando que por aplicación del "principio de 'país de destino', con el sano criterio de no 'exportar impuestos', para poder competir en el mercado internacional, se ha previsto en los códigos tributarios provinciales no someter a tributación a las operaciones de exportación, recurriendo a la figura de la exclusión de objeto, otros a la de la exención y otros al no cómputo en la base imponible del tributo". A su vez, reconoció - en el mismo sentido que aquí se sostiene -que las provincias conjuntamente han consagrado su abstención de gravar los ingresos derivados de exportaciones en la Ley 23.548 y que por ese motivo la Comisión Arbitral, en su ordenamiento de las Resoluciones Generales, ha dispuesto que "no serán computables a los fines de la distribución de la materia imponible los ingresos provenientes de operaciones de exportación así como los gastos que correspondan". Finalmente, describió el alcance del artículo 35 del CM, entendiendo que "los ingresos provenientes de las exportaciones de la actora no pueden incluirse dentro de la base imponible de la tasa por inspección de seguridad e higiene porque no se refiere a ellos la distribución organizada en el convenio multilateral".

El Convenio Multilateral

En lo que respecta a la distribución de la base imponible del IIBB, la normativa aplicable establece que los ingresos por exportación resultan no computables a los efectos del cálculo del coeficiente unificado. Así, el artículo 7 de la Resolución General (RG) 1/2015 CA dispone que "los ingresos provenientes de operaciones de exportación así como los gastos que les correspondan no serán computables a los fines de la distribución de la materia imponible". Dicha resolución tiene como fuente la RG 44/1993 CA, en la cual se dispuso que "dado que de hecho ninguna jurisdicción grava a los ingresos derivados de las exportaciones, esta Comisión considera conveniente y útil que el criterio referido sea plasmado para todos los casos para lo futuro, en una resolución general interpretativa que como tal habrá de tener carácter obligatorio para todas las jurisdicciones adheridas al Convenio", resolviendo que "es decisión de todos los fiscos adheridos que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no recaía sobre los ingresos provenientes de exportaciones, que éstos, así como los gastos correspondientes a ellos, no serán computables a los fines de la distribución de la materia imponible".
No obstante ello, los organismos del CM dejaron en claro que no resultan competentes para entender en cuestiones vinculadas con las exportaciones y su inclusión en la base imponible del IIBB (17), pronunciándose en el mismos sentido en los casos concretos contra las municipalidades (18).
Resulta interesante citar un reciente caso concreto (19) en donde el contribuyente sostuvo que a través de la Ley 4.255 Misiones creó una distorsión a su favor por ser la única jurisdicción que grava las exportaciones. Propuso entonces, a los efectos de obtener un resultado más equitativo, que Misiones tenga en cuenta dichos ingresos y sus correspondientes gastos a los efectos de la conformación del coeficiente unificado, toda vez que ese cambio de política fiscal conduce a la pérdida de vigencia de la ya citada RG 44/1993 CA, que justamente se encuentra condicionada a que todos los fiscos adheridos no graven dichos ingresos. Agregó que la aplicación del coeficiente unificado sin computar ingresos ni gastos correspondientes a operaciones de exportación viola en este caso los preceptos del CM.
En ese caso, la CA observó que el ajuste fiscal realizado por Misiones tenía su origen en la diferencia de base imponible producto de eliminar la exclusión de objeto en el Código Fiscal, y que los coeficientes unificados determinados por el contribuyente sin considerar los ingresos y gastos vinculados a las operaciones de exportación no eran cuestionados por el fisco y fueron calculados conforme a la RG 1/2015 CA, resolviendo por lo tanto que Misiones no violentó las disposiciones del CM.

Palabras finales

A modo de corolario y de síntesis final, conviene precisar que el sustento territorial resulta un elemento esencial en la definición del hecho imponible del IIBB, ya que el ámbito espacial de aplicación de este tributo se extiende sólo dentro del territorio sobre el cual tiene imperium el fisco que lo percibe. Como ya fuera expuesto, la CS sostuvo en "Indunor" que la gabela "será válida y legítima en tanto no grave específicamente actividades extraterritoriales y no se imponga con motivo o como requisito para permitir la salida de los productos del ámbito territorial, con prescindencia de que se los destine al consumo o elaboración dentro o fuera de la República".
Actualmente, se mantiene la doctrina legal respecto a la constitucionalidad de gravar los ingresos por exportaciones sentada en el fallo citado. Sin embargo, atento a que en ocasiones la CS se ha pronunciado sobre ciertas cuestiones ajenas a su competencia, se observa que en "Trivento" existe la posibilidad de que obiter dictum el Tribunal se expida sobre la procedencia de la inclusión de estos ingresos en la base imponible de la gabela y su colisión con las limitaciones que surgen de Ley 23.548. Todo ello más allá de lo que en definitiva resulte el holding del caso, es decir, si la pretensión del fisco de Misiones implica o no una extralimitación territorial de su potestad fiscal.
Por otro lado, tampoco descartamos que la CS se pronuncie sobre esta cuestión en caso de llegar eventualmente un planteo en su instancia extraordinaria mediante la invocación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Si bien, como se ha dicho, las cuestiones de derecho público local son ajenas al ámbito del recurso extraordinario (20), si la sentencia del tribunal superior recurrida ha prescindido de considerar las concretas circunstancias de la causa para arribar a una correcta solución del pleito, efectuando de ese modo una interpretación irrazonable de los hechos y de la normativa sometida a su consideración, cabe la posibilidad de que la CS se expida al respecto (21).
Es importante tener presente que si la CS decide únicamente conforme los términos en los que quedó trabada la litis y en orden a los fundamentos que la llevaron a conceder la medida precautoria a favor del contribuyente, es decir sólo en cuanto a la posible existencia de una extralimitación territorial, ello no implicará entonces invalidar la gravabilidad de las operaciones de exportación efectuadas a través de aduanas ubicadas en el territorio de la Provincia de Misiones.
En consecuencia, zanjar el tema en cuestión revestirá gran importancia en pos de resguardar la seguridad jurídica tanto de los contribuyentes locales de Misiones como los del CM, y a los efectos de propender al respeto de un régimen tributario al que las mismas provincias (y con ellas sus municipios) adhirieron sin limitaciones ni reservas.
Coincidimos con gran parte de la doctrina al sostener que el fisco de Misiones, a partir de la modificación del Código Fiscal efectuada en el 2006, dejó de cumplir con el compromiso oportunamente asumido al adherirse a la Ley de Coparticipación, situación que influye, sin duda, en la consecuente inconsistencia producto de no computar los ingresos y gastos provenientes de operaciones de exportación a los fines de la distribución de la materia imponible prevista en la reglamentación del CM.
Finalmente, debemos mencionar que el apartamiento de Misiones de su compromiso vinculado a la Coparticipación sólo podrá entenderse en ese sentido en tanto consideremos que la derogación del artículo 128, inciso d) del Código Fiscal significó la intención de gravar los ingresos por exportaciones, y no la supresión de una cláusula que reafirmaba lo ya dispuesto por la Ley 23.548.


(1) "Trivento Bodegas y Viñedos S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", expte, 3833/2014, CS, 9/12/15.
(2) "Aceitera Martínez S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", A.911.XLVII., CS, 4/2/14.
(3) El 21/9/15 la Procuradora también declaró la competencia de la CS con remisión a "Aceitera Martínez" en los autos "Alliance One Tobacco Arg. S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 3945/2015.
(4) Fallos: 304:186, entre muchos otros.
(5) "El gobierno de las provincias viene a ser la regla y forma el derecho común. El gobierno federal es la excepción", Gorostiaga, José Benjamín, "Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados", agosto de 1862.
(6) CS Fallos: 280:176.
(7) CS Fallos 286:301.
(8) Ver, por ejemplo CS Fallos 322:1781.
(9) Como por ejemplo la Provincia de Buenos Aires en el art. 186, inc. d) del Código Fiscal; Catamarca: art. 180, inc. d); Chaco: art. 119, inc. d); Chubut: art. 122, inc. 4); Corrientes: art. 125, inc. d); Formosa: art. 223, inc. d); Jujuy: art. 241, inc. e); La Pampa: art. 177, inc. d); La Rioja: art. 183, inc. d); Neuquén: art. 184, inc. d); Río Negro: art. 4, inc. d); San Juan: art. 114, inc. d); San Luis: art. 181, inc. d); Santa Cruz: art. 167, inc. d); Santa Fe: art. 179, inc. c); Santiago del Estero: art. 191, inc. d); Tierra del Fuego: art. 186, inc. d) y Tucumán: art. 217, inc. 4).
(10) Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: art. 179, inc. 10); Entre Ríos: art. 194, inc. u); Mendoza: art. 185, inc. o) y Salta: art. 174, inc. k).
(11) "Henter Industrial y Comercial Sociedad Anónima y otros c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. H.55.XLII., CS, 27/12/06.
(12) "YPF Sociedad Anónima c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. Y.85.XLII., CS, 28/5/08.
(13) También denominada Contribución que incide sobre la Industria, el Comercio y las Empresas de Servicios o como Derecho de Registro e Inspección dependiendo de la jurisdicción.
(14) "Molfino Hermanos S.A. c/ Municipalidad de Resistencia s/ Medida cautelar", expte. 6226/2014, Juzgado Federal de Resistencia N° 1, 25/2/15.
(15) En especial en "Aguas Argentinas c/ Municipalidad de Avellaneda s/ demanda declarativa con medida cautelar", expediente A. 1226. XLVII., CS, 25/2/14.
(16) "Abb-Elster S.A. c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda contencioso administrativa", causa B. 62.784, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 4/4/12.
(17) Resolución 70/2015 de la Comisión Arbitral.
(18) Resolución 31/2006 de la Comisión Plenaria.
(19) Resolución 60/2015 de la Comisión Arbitral.
(20) "Gas Natural Ban S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ violación del art. 22 de la Ley Nacional 23.966", expte. G.28.XLIII, CS, 18/6/13.
(21) Ver por ejemplo "Grainco Pampa S.A. c/ Provincia de La Pampa", expte. G. 809. L.XLIL, CS, 25/3/15.


La Dra. Laura Karschenboim, es Abogada especializada en derecho tributario con trabajos publicados en la revista Consultor Tributario de Editorial Errepar y en el Suplemento Fiscal & Previsional del Diario El Cronista, siendo su mail: (karschenboim.laura@gmail.com); y la Dra Carolina Guerra Bianciotti (carolina_gb@live.com) es Abogada especializada en Derecho Administrativo y Tributario con trabajos publicados en El Derecho y Abeledo Perrot