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La judicialidad es un eje central de la agenda del mercado asegurador, que hoy acumula más de 500.000 juicios. Con este escenario como fondo, el sector se prepara para la 3° Cumbre Aseguradora Argentina, que será este 22 de octubre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Sin dudas, el segmento de riesgos del trabajo es el más afectado por la juidicalidad, ya que concentra casi la mitad de los juicios en marcha y la cantidad de demandas sigue en aumento. Se registraron 134.000 nuevas en 2025 y este año se proyecta unos 140.000.
Con este escenario como telón de fondo, la judicialidad será uno de los temas que atravesará la 3° Cumbre Aseguradora Argentina, que se realizará este jueves 22 de octubre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y reunirá a los principales referentes de la industria. Bajo el lema “Más seguros, más futuro”, las cámaras también pondrán sobre la mesa la presión tributaria, los incentivos al ahorro de largo plazo, la modernización regulatoria y el desarrollo de nuevas coberturas.
Judicialidad, el principal reclamo
Aldo Álvarez, presidente de ADEAA, definió a la judicialidad como “la principal traba del sector”. Según explicó, los mecanismos erráticos de actualización, las tasas aplicadas sobre capitales actualizados y el tratamiento que recibe el seguro en determinados procesos terminan afectando la acumulación de capital.
El dirigente sostuvo que la Ley 27.802 introdujo avances, principalmente en el fuero laboral, al establecer la obligatoriedad de la doctrina de la Corte Suprema y un criterio uniforme de actualización. Sin embargo, consideró que las modificaciones no alcanzan para resolver el problema estructural que persiste en otros fueros. También planteó que los juicios por responsabilidad civil derivados de siniestros deberían resolverse en plazos más cortos.
El planteo de las compañías apunta, en definitiva, a lograr mayor previsibilidad sobre el costo de los siniestros. Para el sector, la forma en que se actualizan las indemnizaciones, se calculan los intereses y se determinan las responsabilidades tiene un impacto directo sobre la posibilidad de estimar los riesgos y administrar las obligaciones de las aseguradoras.
La discusión tiene una dimensión particularmente fuerte en riesgos del trabajo. Mara Bettiol, presidenta de UART, señaló que el sistema atraviesa una paradoja: mientras los indicadores de prevención y atención mejoraron, la litigiosidad continúa en ascenso. Según los datos aportados por la entidad, en 30 años se redujeron 80% los fallecimientos y 55% los accidentes laborales, pero la cantidad de juicios no dejó de crecer.
UART sostiene que Argentina registra una litigiosidad 23 veces superior a la de Chile y 16 veces mayor que la de España, con sistemas que, según la cámara, presentan indicadores de cobertura y siniestralidad comparables. La entidad también cuestiona el peso de las pericias médicas y de la intermediación judicial, que representa, de acuerdo con sus datos, 45% del costo de un juicio en riesgos del trabajo.
El reclamo por los impuestos
La judicialidad no es el único punto que las aseguradoras buscan instalar en la agenda. Otro de los reclamos que aparece entre las distintas cámaras es la carga tributaria que pesa sobre las pólizas, que el sector considera elevada y que, según Álvarez, se ubica entre 33% y 40%.
El presidente de ADEAA planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma fiscal que reduzca esa carga e incluya la posibilidad de eximir el IVA. También reclamó flexibilizar las inversiones de las compañías y permitir que puedan participar en nuevos vehículos financieros, como el Fondo de Asistencia Laboral.
Desde ADIRA, su presidente, Diego Guaita, planteó que la discusión tributaria debería tener además un objetivo de desarrollo: utilizar los impuestos como incentivos para ampliar la cobertura y fomentar el ahorro de largo plazo.
“No se trata solamente de reducir impuestos al sector, sino de utilizarlos inteligentemente como incentivos fiscales”, sostuvo Guaita. A su entender, una mayor penetración del seguro permitiría ampliar la protección de personas y empresas y, al mismo tiempo, generar herramientas de ahorro e inversión.
Vida y retiro buscan ganar terreno
Ese punto es especialmente relevante para el segmento de seguros de personas. Irene Capusselli, presidenta de AVIRA, señaló que los seguros de Vida y Retiro tienen todavía una participación reducida: representan 13% de las primas del mercado y apenas 0,3% del PBI.
La dirigente reclamó incentivos fiscales para que los seguros de vida con ahorro y los seguros de retiro recuperen capacidad para movilizar el ahorro interno. En particular, propuso una deducción atractiva de Ganancias y pidió incorporar los productos colectivos de Vida y Retiro al régimen de estímulos, para facilitar su utilización por parte de las empresas como beneficio para sus trabajadores.
Capusselli también vinculó el desarrollo de estos productos con los cambios demográficos. La menor natalidad y el aumento de la expectativa de vida, sostuvo, ponen presión sobre los sistemas previsionales y abren una oportunidad para los seguros voluntarios de largo plazo.
El sector busca además reforzar su papel como inversor institucional. Según AVIRA, las compañías de seguros de personas administran actualmente $6,9 billones, que se destinan a títulos públicos, obligaciones negociables, acciones y fondos comunes de inversión.
El desafío de ser sostenible
La discusión sobre judicialidad, impuestos y ahorro aparece en un momento en el que las compañías buscan modificar la estructura de su negocio. Gustavo Trías, presidente de la AACS, señaló que la industria todavía enfrenta desafíos para alcanzar una rentabilidad sostenible.
En el ejercicio cerrado en junio de 2026, la producción creció aproximadamente 6% en términos reales y la pérdida del mercado se redujo de 2,48% a 0,43% de las primas devengadas. El resultado técnico fue levemente positivo, pero el resultado financiero, afectado por el ajuste por inflación, terminó revirtiéndolo y mantuvo al sector en terreno negativo.
Para Trías, el objetivo hacia adelante es que la rentabilidad vuelva a surgir principalmente del negocio asegurador. Durante años, explicó, el resultado financiero tuvo un peso determinante y en algunos casos permitió compensar desequilibrios técnicos. La industria busca ahora que el resultado técnico recupere protagonismo y que el financiero funcione como complemento.
En ese marco, la 3° Cumbre Aseguradora Argentina funcionará como punto de encuentro para discutir buena parte de estos problemas. Las cinco cámaras que integran el Comité Asegurador Argentino —ADEAA, AACS, ADIRA, AVIRA y UART— buscarán poner en común una agenda que incluye judicialidad, regulación, impuestos, inversiones, ahorro y desarrollo de nuevas coberturas.
Contará, entre otros expositores, con los presidentes de las cinco cámaras, el superintendente de Seguros Guillermo Plate, el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Fernando Pérez y el economista Ricardo Arriazu.
La intención de la industria es que el debate no quede limitado a la situación de cada ramo, sino avanzar sobre las condiciones que permitan ampliar la penetración del seguro en la economía argentina. En esa agenda, la judicialidad aparece como uno de los primeros obstáculos que las compañías buscan destrabar.
