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La senadora Patricia Bullrich apuntó al flanco de los resultados de las política económica del Gobierno y, ante los números de caída de la actividad en julio difundidos la semana pasada, dijo que “debe acelerarse, las reformas tienen que llegar a los consumidores y a las empresas”.
Cuando la consultaron en una conferencia de prensa su opinión sobre la situación de las empresas, dijo que había que acompañarlas para “nivelarlas para que puedan competir con las de Brasil, y de otros sitios”. “Hay que acompañarlas”, dijo la senadora.
Bullrich, quien viene marcando diferencias con la ejecución de diversas medidas, que comenzaron con sus señalamientos hacia el exjefe de Gabinete Manuel Adorni pero que llegaron días atrás al cuestionamiento al capítulo de los fondos para la discapacidad del Presupuesto, fue consultada acerca de su futuro político.
“Lo importante es mantener las reformas, acaban de elegirme senadora así que tengo seis años. Habrá que ver más adelante dónde me encuentra la defensa del modelo”, expresó la senadora cuando le preguntaron si desearía ser candidata a Presidenta.
La opinión de Bullrich acerca de la necesidad de acercar aceleradamente los efectos de las reformas al público y de las empresas aparenta contrastar con el mensaje que dejó ayer en Mar del Plata el presidente Javier Milei pidiendo paciencia.
Al respecto, cuando le preguntaron a la senadora, expresó que “todos los procesos de reformas estructurales toma su tiempo en concretarse, hay que esperar”, indicó.
También fue consultada acerca de si consideraba que el país estaría en una recesión, indicó que “habrá que ver qué dicen los técnicos; hay dos trimestres que ha retrocedido la actividad”.
El pedido de Bullrich para terminar con la coparticipación
Luego, durante su participación en el panel “La agenda del Senado de la Nación”, la legisladora enfatizó en la necesidad de dotar al sector privado argentino de las mismas condiciones de competitividad que tienen otros países de la región.
Para lograrlo, propuso la creación de un nuevo “acuerdo de cooperación federal” estructurado bajo la lógica de “látigo y zanahoria”.
Según explicó, la sola sugerencia de reducir la carga tributaria no funciona, por lo que propuso un esquema de incentivos y penalidades para los gobernadores e intendentes: “Te premio si bajás tasas e impuestos, y te castigo si no lo hacés”, aseguró la funcionaria.
Esta política fiscal está directamente ligada a una de las reformas estructurales más profundas que planteó durante su exposición: ponerle fin a la dependencia absoluta de las provincias hacia los fondos nacionales.
“No podemos tener provincias que solo vivan de la coparticipación federal”, sentenció de manera categórica.
En esa línea, cuestionó el actual sistema automático de reparto, argumentando que permite a las jurisdicciones financiarse independientemente de si generan crecimiento económico o no, lo que derivó en la consolidación de “feudos” que se sostienen exclusivamente mediante el empleo público y bloquean el desarrollo del sector privado.
Consciente de la complejidad política y legal que implica alterar el régimen de coparticipación, reconoció que es un debate que ineludiblemente requerirá “tocar la Constitución”. Sin embargo, sugirió que este obstáculo podría sortearse a través de un sistema de enmiendas específicas enfocado en resolver este tema particular.