El exitoso proceso de reestructuración de deuda argentina, que comenzó en el año 2005 - tras el default más grande de la historia declarado en 2001-, enfrenta una muy difícil culminación debido a la fuerte presión llevada adelante por un grupo de inversores sofisticados, altamente especulativos, con gran poder económico y de lobby en los Estados Unidos, que jamás invirtieron un dólar en nuestro país, ya que su rol de acreedores surge por haber comprado en el mercado secundario títulos de deuda argentina en situación de default a otros inversores, por un monto insignificante, y sobre el cual pretenden cobrar el 100% de su valor original, y culminar así un negocio de inédita rentabilidad, aun considerando aquellos vinculados a actividades ilegales.

Las circunstancias actuales resultaron completamente inevitables, ya que estos fondos actúan de esta manera, utilizando todo su poder para forzar una negociación en condiciones límite. Ninguna actitud amigable de parte del gobierno nacional hacia ellos hubiese modificado el rumbo. Quienes apuntan críticas en este sentido, se entiende que lo hacen motivados por intereses políticos personales, pero uno puede imaginar que no es real tamaña ingenuidad. La Argentina transitó todos los caminos legales, hasta llegar a la máxima instancia representa por la Corte Suprema de Justicia del país del norte, con el objetivo de revertir el fallo basado en una interpretación caprichosa de la cláusula de pari passu de parte del juez Griesa. A lo largo de este camino recogió apoyos alrededor de todo el mundo y del más amplio abanico ideológico posible. Sin embargo, la justicia norteamericana insistió en su postura a favor de estos fondos de generalizado repudiable accionar. La decisión de la justicia a pocos meses del vencimiento de la cláusula RUFO, junto con el levantamiento del stay a pocos días del vencimiento de un cupón de intereses de un bono performing, y otros aspectos cualitativos, son el fiel reflejo de una jugada muy pensada con el objetivo de generar una situación límite para nuestro país, donde los márgenes de maniobra fueron completamente acotados y la decisión sobre entrar en default o no pasa a quedar en manos del juez.

La situación que vivimos por estos días es completamente inédita. Un país entra en default cuando por algún motivo no puede cumplir con el pago de sus obligaciones. Argentina no sólo puede, sino que quiere cumplir, y además de hecho así lo hizo, depositando en el correspondiente fideicomiso y a favor de los tenedores de títulos reestructurados la totalidad del pago por intereses que deberá acreditarse el lunes próximo, correspondiente al bono Discount. Resulta muy extraña la posición de un juez que no oye la postura de una nación soberana, ni de un conjunto amplio de otras naciones, organismos multilaterales y opiniones de especialistas, entre otras, y da lugar al reclamo de un pequeño grupo de especuladores. Frente a esta situación, la Argentina debe continuar el camino legal demostrando que cumplió con su obligación al haber realizado el pago, como siempre lo hizo, y proteger a la economía frente a la eventualidad de que esta situación se extienda a lo largo del tiempo, y genere como consecuencia el cierre de los mercados de crédito internacionales, así como también tensiones internas en el mercado cambiario y efectos negativos sobre la actividad. Uno de los hitos en materia económica de los últimos años fue la recuperación de la soberanía y el bajo nivel de endeudamiento que actualmente la economía posee. Si bien la situación es compleja, dada la restricción externa que por estos tiempos se enfrenta, lo anteriormente expuesto otorga grados de libertad para poder ejecutar política económica en el frente interno que apunte a sostener la demanda, fortalecer el mercado doméstico, continuar con políticas redistributivas y evitar que este impacto exógeno alcance al mercado de trabajo.