El fantasma de las acciones legales vuelve a obsesionar a las agencias de calificación, justo cuando sus inversores creían que los errores de la crisis de crédito finalmente habían quedado atrás.

El juicio iniciado por el Departamento de Justicia estadounidense, que acusa de fraude a Standard & Poors en sus evaluaciones de los títulos valores relacionados con hipotecas, no sólo crea el riesgo de que su controlante, McGraw-Hill, tenga que pagar daños y perjuicios por u$s 5.000 millones; también sirve de recordatorio de que la industria tiene otras causas pendientes en su contra.

El juicio detuvo el alza de los precios de las acciones de McGraw-Hill y del rival de S&P, Moodys, que durante el año pasado subieron en más de una tercera parte.

Sin embargo, no constituye una amenaza al lucrativo modelo de negocio de las evaluadoras de crédito. Se espera que tanto McGraw-Hill como Moodys anuncien la semana próxima sólidos resultados, gracias al auge en las emisiones de bonos y su actual dominio del negocio de la calificación de esta deuda.

Para desazón de los críticos que aseguran que el negocio de las calificaciones está repleto de conflictos de intereses, su desempeño sigue siendo central para el funcionamiento del sistema financiero. Los inversores normalmente necesitan dos notas crediticias de cualquier derivado financiero complejo antes de comprar y los reguladores usan esas notas como un atajo para calcular lo que deben reservar las instituciones que prestan capital para cubrir las posibles cesaciones de pago.

Desde que el Departamento de Justicia anunció el juicio, el valor de las acciones de McGraw-hill se redujo en u$s 3.000 millones.

Hasta esta semana, la mayor amenaza legal pendiente para las agencias provenía de una causa en la que Abu Dhabi Commercial Bank acusa a agencias por su desempeño ligado a dos vehículos de inversión estructurado creados en el pico de la burbuja de crédito, donde el inversor asegura haber sido engañado porque los analistas de calificadoras no creían en la nota AAA que estaban asignando a los títulos valores.

Otros fallos habían mayormente aceptado el argumento de las agencias de que sus calificaciones eran opiniones (en muchos casos equivocadas) protegidas por la Primera Enmienda Constitucional.

Los reguladores de ambos lados del Atlántico impusieron una mayor supervisión para las agencias, medida apuntada a controlar cómo manejan el conflicto de intereses porque las emisoras pagan por la calificación de los bonos, y pueden mudarse a otra evaluadora si no les gusta la nota obtenida.

McGraw-Hill está vendiendo su división de educación, para concentrarse en sus negocios financieros, incluyendo S&P.