Hace dos años, en esta época, en Dublín, era difícil escapar a la conversación de spreads y rendimientos de bonos, a medida que los crecientes costos de endeudamiento de Irlanda entraban en la dimensión desconocida tras la cual aguardaba un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) en aquel otoño.

Así se encuentra ahora un caluroso y febril Madrid, donde casi todos están enfocados en la prima de riesgo de los bonos gubernamentales españoles por sobre los bonos alemanes. España parece estar en una posición similar a la de Irlanda, tambaleándose hacia el mismo tipo de rescate por parte de la UE el próximo otoño.

La medida en que el gobierno de Mariano Rajoy (o cualquier gobierno español en estas circunstancias) puede considerarse dueño de su propio destino es limitada. A medida que los costos de endeudamiento de España alcanzan máximos de la era del euro, los mercados no sólo están haciendo apuestas sobre España (o Italia), sino sobre la supervivencia del euro.

Este gobierno, que asumió hace un poco más de siete meses, ya tiene la sensación de que se está acercando al final de su mandato.

Desde que ganó la mayoría absoluta el año pasado, Rajoy, del Partido Popular (PP), liberalizó las rígidas leyes de contratación y despido; inició (aunque tarde) la limpieza de las cajas de ahorros regionales afectadas por la sobreexposición a la crisis de la burbuja inmobiliaria; recortó el gasto público y subió los impuestos.

Aunque todo esto ha sido alabado en Bruselas y Berlín, está claro que un espectro sorprendentemente amplio de españoles no lo percibe como un programa viable de recuperación. Entre la clase media de Madrid, Barcelona y Bilbao, existe una sensación generalizada de un gobierno que está perdiendo el control. A pesar de que mucho del futuro de España depende de sus socios de la eurozona, resulta una situación extraña para un gobierno de mayoría recién elegido.

Ha habido errores de política y errores de juicio. El manejo del ahora nacionalizado Bankia, una fusión fallida de cajas de ahorro cargadas de préstamos hipotecarios tóxicos, ha sido desastroso. El consiguiente paquete de 100.000 millones de euros de la UE que España necesitó para recapitalizar a sus golpeadas cajas de ahorro fue vendido después al público en forma de préstamos blandos o flexibles que Rajoy hábilmente negoció para romper el bloqueo en los mercados, en lugar de en un esquema de rescate estrictamente condicional.

De hecho, una característica cada vez más alarmante del gobierno de Rajoy es su incapacidad para comprender que el mundo está escuchando lo que dice y mirando lo que hace. A veces, uno tiene la impresión de que Rajoy habla en público como si estuviera frente a una parroquia donde aún no llegó Internet, escribió Jesús Ceberio, ex editor del diario El País.

Además de la prima de riesgo, el Gobierno ha comenzado a autoinfligirse primas adicionales gratuitas. Cristóbal Montoro, ministro de Finanzas, dijo el mes pasado que el Gobierno no sería capaz de cubrir el gasto salarial del sector público, en la víspera de lo que sería una emisión de bonos muy costosa. José Manuel García-Margallo, ministro de Relaciones Exteriores, posteriormente calificó al Banco Central Europeo, una institución que separa a España del abismo, como un banco clandestino. Para terminar, Valencia, un endeble gobierno regional regido por el PP, provocó mayor pánico entre los inversionistas al anunciar que estaba en bancarrota, mientras los mercados todavía estaban abiertos.

El propio Rajoy rara vez habla en el Parlamento, en público o ante la prensa. Cuando lo hace, es entonces una noticia importante, independientemente de lo que diga. Parece sordo a los crecientes llamados de un pacto nacional para enfrentar la emergencia económica, análogo a los Pactos de la Moncloa de 1977, pero que incluya a sindicatos y empleadores, así como a todas las partes interesadas, incluidos a los nacionalistas vascos y catalanes.

También por primera vez el viernes, Rajoy contempló abiertamente la posibilidad de un rescate completo por parte de la UE. Si eso es lo que está sobre la mesa, entonces es hora de un pacto nacional multipartidista, que el gobierno no debe tratar como un signo de debilidad, sino como un lastre necesario para estabilizar a España en medio de la tormenta.