En el Congreso de Argentina, dominado por la oposición, se están llevando a cabo frenéticas negociaciones, mientras el Presidente Javier Milei intenta sacar adelante su ambicioso programa de reformas y arremete contra los legisladores que cuentan con votos decisivos. Milei, cuyo partido sólo tiene una pequeña minoría de escaños en la legislatura, se ha movido a una velocidad sin precedentes para aprovechar lo que los analistas predicen será una breve luna de miel en medio de la grave crisis económica de Argentina. Ha presentado más de 1000 cambios normativos a través de un amplio decreto de necesidad y urgencia (DNU) promulgado el mes pasado y un proyecto de 'ley ómnibus'. Su objetivo es desregular las industrias, ampliar los poderes presidenciales, reducir el derecho a la protesta y aplicar recortes del gasto y aumentos de impuestos fundamentales para el plan de Milei de eliminar el déficit fiscal este año. Tanto el DNU como la ley se enfrentarán a la supervisión del Congreso en los próximos días. Sin embargo, el Presidente, que asumió el cargo en diciembre, ha adoptado un tono intransigente hacia la oposición, afirmando que "no negociará" el proyecto de ley ni el decreto y acusando a los legisladores que los cuestionan de "buscar sobornos". "Los daños que pueda sufrir la población están del lado del Congreso, de si hacen las cosas bien o se dedican a destruirle la vida a los argentinos", advirtió Milei en una entrevista radial el domingo. Al mismo tiempo, los líderes parlamentarios de su coalición La Libertad Avanza (LLA) están demostrando un enfoque más pragmático, dijo Alejandro Cacace, secretario parlamentario del bloque centrista Unión Cívica Radical (UCR). "Los momentos de diálogo empiezan a ser posibles", afirmó. Para aprobar el paquete de cambios de Milei, el Gobierno necesita ganarse a varias docenas de legisladores de la UCR y de otros bloques centristas o independientes. Juntos, el LLA y su aliado, el derechista PRO, ocupan sólo 75 de los 257 escaños de la Cámara Baja y 13 de los 72 del Senado. Los grandes bloques peronistas de ambas cámaras han prometido rechazar la mayoría de las medidas propuestas por Milei. La Cámara Baja empezó a debatir el proyecto de ley general la semana pasada. Milei espera celebrar una votación la semana que viene, cuando regrese del Foro Económico Mundial de Davos. Las medidas consideradas controvertidas por los partidos centristas incluyen propuestas para poner fin a los aumentos automáticos de las jubilaciones; subir los impuestos a las empresas agrícolas y otros exportadores; y delegar amplios poderes legislativos al Presidente en materia de energía, impuestos, pensiones, seguridad y otras áreas, en vigor hasta el final del mandato de Milei en 2027. Cacace dijo que conversaciones recientes le llevaron a creer que podrían llegar a un acuerdo sobre esos temas con LLA, incluyendo "una reducción en el período de tiempo, los temas y el alcance" de los poderes legislativos y "un esquema temporal y más razonable" sobre los impuestos a la exportación. Una fuente de LLA en la Cámara Baja dijo que los líderes allí habían aceptado que era "improbable que se aprobara" la reforma jubilatoria tal y como estaba escrita, a pesar de la actitud de Milei, y que estaban "negociando frenéticamente" para satisfacer a posibles aliados. "Una cosa es ser Presidente, pero el Congreso es un mundo totalmente distinto", añadieron. "Los despachos de nuestros líderes aquí parecen estaciones de subte, hay tanta gente entrando y saliendo para hablar". Los funcionarios también han aceptado reescribir los artículos que desregulan los sectores de la pesca y los biocombustibles tras las críticas de los organismos industriales, y han desechado un artículo que definía las protestas -para las que el Gobierno quiere exigir a los organizadores que notifiquen previamente a las autoridades- como cualquier reunión pública de tres o más personas. Sin embargo, Germán Martínez, líder del bloque peronista Unión por la Patria en la Cámara Baja, con 102 diputados, dijo que esas concesiones eran una fachada "para distraer" del "verdadero núcleo autoritario" del proyecto de ley. "El Presidente quiere poder ejercer un poder absoluto sin ningún contrapeso del Congreso", dijo Martínez. Añadió que espera que su partido consiga los 27 diputados que necesita "para impedir la aprobación del proyecto o, al menos, reducir drásticamente su alcance". El DNU deMilei, que entró en vigor a finales de diciembre, está dando lugar a una batalla aún más encarnizada. En él se derogan o modifican importantes normativas que regulan las importaciones, las exportaciones, el mercado inmobiliario, los supermercados, las farmacéuticas y prepagas, las compañías aéreas, etc. El DNU seguirá en vigor a menos que ambas cámaras voten para rechazarlo; los legisladores podrán tratarlo a partir del 19 de enero. Milei ha argumentado que la crisis económica de Argentina -la inflación anual superó el 210% en diciembre-, constituye una emergencia que justifica el decreto. Según la Constitución argentina, este tipo de decretos se reservan para situaciones en las que "circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los procedimientos ordinarios". Lucila Crexell, senadora por la provincia de Neuquén del bloque Cambio Federal, dijo que el DNU incluía cuestiones "que claramente no son urgentes", como un artículo que abriría la puerta a la privatización de los clubes de fútbol. "El decreto es una tremenda afrenta al sistema republicano, representativo y federal que establece nuestra Constitución", agregó. La UCR ha pedido al Gobierno que presente un "proyecto de ley espejo" en el Congreso, o que se retire el decreto y se sustituya por numerosos minidecretos para que los legisladores puedan votar cada uno de los cambios. Hasta ahora, el Gobierno ha rechazado estas peticiones, exigiendo un enfoque de todo o nada. "Si siguen encerrados en esta arrogancia y en su negativa a generar diálogo, entonces creo que esto es el comienzo de una crisis para el Gobierno", dijo Crexell. El DNU se enfrenta a una ola de desafíos legales en los tribunales federales. Los jueces ya han suspendido un importante apartado que desregula el mercado laboral después de que varios sindicatos presentaran recursos de amparo por considerarlo inconstitucional. La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general para el 24 de enero en protesta contra el decreto. En diciembre, Milei declaró que si el Congreso derogaba el decreto, convocaría un plebiscito no vinculante para "que me expliquen por qué [los legisladores] se ponen en contra de la gente". Ha citado su 56% de votos en la segunda vuelta de las elecciones de noviembre como un mandato para un cambio rápido. La convocatoria de un plebiscito equivaldría a "una declaración de guerra" contra los legisladores, dijo Ignacio Labaqui, analista de la empresa de asesoría Medley Advisors,. Según Labaqui, los próximos días dejarán en claro si la estrategia de Milei "es pedir mucho con la esperanza de sacar adelante el 30%, 40%, 50%" de sus propuestas, lo que podría resultar exitoso, o "si realmente está jugando a la gallina con el Congreso, lo que creo que termina mal para el Gobierno". "El destino del Gobierno depende del tipo de juego que quiera jugar", añadió.
El plan Milei se debate entre el 'todo o nada' y el pragmatismo políticoEl plan Milei se debate entre el 'todo o nada' y el pragmatismo político