Pocos instrumentos financieros crecen como lo han hecho los green bonds en los últimos años. Solo lo emitido en 2014 igualó todos los bonos de este tipo emitidos hasta 2013 inclusive. Más cerca en el tiempo, 2016 duplicó las emisiones de 2015 y los bonos verdes emitidos en 2017 alcanzaron u$s 155.000 millones, 78% por encima del año anterior. En tanto, ciertos analistas hablan de llegar a "one trillion" para 2020 y convertirse en mainstream más temprano que tarde.

Nacidos en los 2000, de la mano de los organismos multilaterales de crédito, se trata de instrumentos de deuda del mercado de capitales cuyo use of proceeds busca generar impactos positivos en el medioambiente. Deben contemplar criterios de elegibilidad para los proyectos a financiar, establecer cómo se administrarán los fondos y comprometerse con un nivel de reporting acorde con lo que los inversores demandan. Una característica clave de este tipo de bonos es que generalmente son emitidos a largo plazo, lo cual permite desarrollar proyectos de lenta maduración. A su vez, idealmente, estos bonos debieran contar con una segunda opinión. Del análisis de las emisiones de 2017 se desprende que el principal destino de estos títulos está vinculado con las energías renovables: u$s 51.000 millones, que representan un tercio del total. Según información de Climate Bonds Initiative (CBI), si bien los bonos destinados a energías alternativas se multiplicaron por 2,7 entre 2015 y 2017, su crecimiento se encuentra muy por debajo de los rubros que le siguen en importancia, razón por la cual su participación disminuyó del 46% al 33%. Los bonos verdes destinados al rubro "Edificios Bajos en Carbono y Eficiencia Energética" se multiplicaron por 5,5 en el mismo período hasta alcanzar u$s 45.000 millones, aproximándose al share de energías renovables con 29%. Los dos rubros mencionados junto con el tercero, "Transporte" (con 15% en 2017), mantuvieron en los últimos tres años una participación conjunta alrededor del 75%.

El incipiente mercado local acompaña el predominio de las energías renovables. En febrero de 2017, La Rioja emitió un bono verde por u$s 200 millones, con el objeto de financiar la generación de energía eólica a través de la ampliación del Parque Eólico Arauco Sapem. Esto permitirá llevar la capacidad desde 50,4 hasta alcanzar 300 MW hacia 2019. Por su parte, la provincia de Jujuy emitió un bono verde por u$s 210 millones. El destino de los fondos es financiar una capacidad de generación total de 300 MW a través de tres parques solares en Cauchari. El mes pasado, Banco Galicia emitió el primer bono verde del sistema financiero argentino, por u$s 100 millones. Fue totalmente suscripto por el IFC (International Finance Corporation). Con un plazo de siete años, financiará a mediano y largo plazo proyectos de energía renovable, construcciones sostenibles y reconversión energética, entre otros.

Estamos ante la presencia de un instrumento que ha probado ser una herramienta de fondeo útil ante el boom de las energías renovables, facilitado por costos decrecientes, en el marco de un creciente universo de inversores sensibles a los temas ambientales, pero también sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El potencial de la Argentina en materia de energías alternativas, sumado al camino por recorrer en el ámbito de la eficiencia energética, parecen haber encontrado un vehículo de financiación acorde a sus necesidades. Ahora bien, ante un buy side dominado por sofisticados inversores institucionales del exterior, resulta fundamental ser transparentes vía proyectos "bancables" y reportes periódicos que permitan concluir que más emisiones de bonos verdes contribuirán a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Con estas premisas, el mercado de energías renovables habrá encontrado en los bonos verdes un aliado fundamental para el verdadero desarrollo que nuestro planeta merece.