En esta noticia
La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha presentado su escrito de cara al juicio y solicita para ella 24 años de cárcel por los cuatro delitos propuestos por el juez Juan Carlos Peinado: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
La acusación, coordinada por la asociación Hazte Oír, pide además 22 años para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.
El escrito llega después de que Peinado cerrara la instrucción el pasado 11 de abril mediante un auto en el que propuso juzgar a Begoña Gómez ante un tribunal de jurado popular.
El magistrado archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, pero mantuvo los cuatro cargos restantes tanto contra Gómez como contra su asesora, y los dos primeros delitos contra Barrabés.
Las penas solicitadas delito por delito para Begoña Gómez
El desglose de las penas que reclama Hazte Oír para Begoña Gómez es el siguiente: seis años por tráfico de influencias, con prohibición de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales durante diez años; cuatro años por corrupción en los negocios; ocho años por malversación, con veinte años de inhabilitación absoluta; y seis años por apropiación indebida.
Para Cristina Álvarez, la acusación solicita ocho años por malversación con veinte de inhabilitación absoluta, cuatro años por tráfico de influencias, cuatro por corrupción en los negocios y seis por apropiación indebida. Para Juan Carlos Barrabés, pide dos años por tráfico de influencias, con prohibición de contratar con el sector público durante diez años, y cuatro años por corrupción en los negocios.
Hazte Oír solicita además que a los tres procesados se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada quince días en el juzgado, alegando un “evidente y fundado riesgo de fuga” por la magnitud de las penas reclamadas.
La asociación también pide que declaren como testigos en el juicio el propio presidente Sánchez, así como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cuyo testimonio considera “determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez”.
Manos Limpias pide por separado diez años para Gómez
La acusación popular no está unificada. El autodenominado sindicato Manos Limpias, que dio origen a la causa con su denuncia inicial, presentó la semana pasada su propio escrito de forma independiente tras desvincularse de la acusación que coordina Hazte Oír. Manos Limpias solicita para Begoña Gómez diez años y tres meses de cárcel por delito continuado de tráfico de influencias y malversación, más veinte años de inhabilitación absoluta.
Para Barrabés pide dos años por malversación. Esta organización se ha desmarcado además de la decisión de Peinado de llevar la causa mediante jurado popular, y ha solicitado al juez que exima a Cristina Álvarez de los cargos.
El Gobierno tacha de “grupúsculos ultras” a los impulsores de la acusación
La respuesta del Ejecutivo llegó este lunes con contundencia. Fuentes del Gobierno han calificado de “grupúsculos ultras” a las organizaciones que promueven la acusación y han afirmado que lo único que persiguen es “usar la justicia para hacer política” y tratar de derrocar al Gobierno atacando judicialmente a familiares del presidente. El Ejecutivo considera que quienes piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez “se retratan a sí mismos” con esa petición.
El Gobierno se ha remitido a las palabras que Sánchez pronunció el martes pasado, tras el cierre de la instrucción por parte de Peinado, cuando pidió a la justicia “que haga justicia” y expresó su convicción de que el tiempo pondrá “a todo y a todos en su sitio”.
Con información: EFE