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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ya tiene respuesta pública del expresidente del Gobierno. Tras recibir la notificación de la Audiencia Nacional, el exjefe del Ejecutivo defendió la legalidad de su actividad pública y privada, negó haber intervenido en el rescate de la aerolínea y anunció que ejercerá su defensa “con toda la firmeza y toda la convicción”.
Zapatero fue citado como investigado para el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa investiga supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados al rescate de Plus Ultra, aprobado durante la pandemia con un préstamo de 53 millones de euros gestionado por la SEPI. Según la información judicial disponible, se trata de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno queda imputado en España.
Zapatero niega gestiones por Plus Ultra y defiende la legalidad de sus ingresos
En un vídeo remitido a los medios, Zapatero afirmó que recibió la citación de la Audiencia Nacional y expresó su disposición a colaborar. “Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, sostuvo el expresidente, que buscó responder de forma directa a las sospechas recogidas en la causa.
El exmandatario también negó haber usado su influencia ante organismos públicos. “Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”, afirmó. La frase apunta al núcleo de la investigación, que analiza si existió una red de tráfico de influencias para favorecer a terceros en la concesión de la ayuda a la aerolínea.
Zapatero agregó que nunca tuvo una sociedad mercantil, “ni en España ni fuera de España”, ni de forma directa ni a través de terceros. También aseguró que todos los ingresos y remuneraciones derivados de su actividad privada fueron declarados vía IRPF “con absoluta transparencia y legalidad”. En su mensaje, anunció que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.
El rescate de 53 millones a Plus Ultra vuelve al centro del caso
El origen de la investigación se remonta al 9 de marzo de 2021, cuando el Gobierno autorizó la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La aerolínea había sido fundada en 2011 y, entre 2017 y 2025, tuvo capital venezolano, según informa EFE.
El rescate ya había sido investigado por un juzgado de Madrid. En enero de 2023, la jueza Esperanza Collazos sobreseyó de forma provisional la causa al considerar que “no aparece debidamente justificada la comisión de un delito” y que se había aplicado correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo. Esa decisión fue respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid.
La causa tomó otra dirección en 2024, cuando Anticorrupción y la UDEF detectaron indicios de que el dinero podía haber sido utilizado para blanquear fondos procedentes de tramas de corrupción venezolana. Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 fueron detenidos el presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez. Luego quedaron en libertad.
Tras esas diligencias, el caso pasó al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Su titular, José Luis Calama, citó a Zapatero como investigado por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La investigación se mantiene en fase de instrucción, por lo que no hay condena y rige la presunción de inocencia.
El Gobierno defiende a Zapatero y la oposición presiona a Sánchez
La respuesta política fue inmediata. Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Elma Saiz, defendió el legado del expresidente y dijo confiar en que “la Justicia haga justicia”. También pidió respetar su presunción de inocencia. En el PSOE, Patxi López afirmó que Rodríguez Zapatero “no es un corrupto” ni se ha “corrompido”, mientras el partido vinculó los ataques al expresidente con la reacción de la derecha y la ultraderecha ante sus políticas.
La oposición, en cambio, elevó la presión sobre Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo sostuvo que la corrupción es la razón “fundacional” del Gobierno y que “sin apoyos no puede seguir”. El secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió la comparecencia urgente de Sánchez y afirmó que “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”. Vox fue más lejos: Santiago Abascal volvió a reclamar una moción de censura y dijo que la imputación de Zapatero “no es un hecho aislado”.
Entre los socios del Ejecutivo hubo matices, pero no una ruptura. Sumar cuestionó la imputación y aseguró que no se plantea abandonar la coalición. ERC y EH Bildu aparecen, en esta fase, como apoyos que permitirían a Sánchez resistir una eventual moción de censura, mientras Junts pidió esclarecer los hechos “respetando su presunción de inocencia”. El caso queda así en dos planos simultáneos: el judicial, donde Zapatero prepara su declaración del 2 de junio, y el político, donde la imputación ya se convirtió en una nueva prueba de tensión para la legislatura.