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El proceso de regularización de inmigrantes en España ya está en marcha y lo hace en medio de tensión política, expectativas sociales y desafíos administrativos. La medida, que apunta a cambiar la situación de cientos de miles de personas, ha abierto un frente judicial desde el primer momento.
El Tribunal Supremo ha dado su primera respuesta y ha marcado el tono del debate. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó suspender de forma urgente el decreto que habilita la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 migrantes, lo que permite que el procedimiento continúe activo mientras se analiza el recurso presentado.
El Tribunal Supremo avala que la regularización de inmigrantes siga en marcha
El núcleo de la decisión está en la urgencia. El Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no se cumplen los requisitos exigidos para frenar una norma de forma inmediata.
El auto es claro en su argumentación. “No se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia”, señala el tribunal, que además precisa que la urgencia no puede derivar únicamente de la entrada en vigor de la norma, sino de una situación objetiva que lo justifique.
En esa línea, los magistrados subrayan que el decreto establece procedimientos con plazos definidos, como las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, lo que descarta el riesgo de efectos irreversibles inmediatos. Por eso, el tribunal opta por tramitar el recurso por la vía ordinaria y concede al Gobierno un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Cómo empieza la regularización de inmigrantes y qué problemas aparecen
Mientras la batalla judicial sigue su curso, el proceso administrativo ya ha comenzado. El mismo día en que el decreto entró en vigor, se abrió el plazo para solicitar la regularización de inmigrantes, tanto por vía telemática como mediante cita previa para atención presencial.
El arranque ha estado marcado por una mezcla de esperanza e incertidumbre. Organizaciones sociales describen el primer día con palabras como colapso, falta de información y recursos limitados, pero también con emoción e ilusión ante la posibilidad de un cambio de vida para miles de personas.
Las ONG juegan un papel central en este proceso. Entidades como CEAR o Mujeres Pa’lante están desbordadas por consultas, solicitudes de asesoramiento y la necesidad de organizar voluntarios para atender a los interesados. “Estamos aconsejando paciencia, un poco de prudencia, de asesorarse bien”, explicó Mauricio Valiente, director de CEAR.
El requisito que complica el proceso y genera incertidumbre entre los migrantes
Uno de los puntos más conflictivos del decreto es el informe de vulnerabilidad, un requisito introducido a última hora que ha generado dudas y dificultades operativas. Este documento es obligatorio para quienes no tienen empleo, oferta laboral o cargas familiares.
El informe evalúa condiciones como falta de ingresos, vivienda precaria o dificultades para acceder al mercado laboral, y debe ser emitido por servicios sociales o entidades autorizadas. Sin embargo, su implementación ha sido irregular en los primeros días. Algunas administraciones aún no lo expiden y las ONG reciben miles de solicitudes para gestionarlo.
La situación ha generado preocupación entre los migrantes. Muchos temen quedar fuera del proceso por no poder acreditar este requisito a tiempo. Incluso personas con asesoramiento legal han tenido que recurrir a organizaciones sociales para obtener el documento.
A pesar de las dificultades iniciales, las entidades implicadas continúan ajustando sus procedimientos para responder a la demanda. El volumen de solicitudes y la incorporación de requisitos como el informe de vulnerabilidad están marcando el ritmo de los primeros días, mientras administraciones y organizaciones sociales trabajan para clarificar criterios y normalizar la tramitación dentro del calendario previsto.