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El juez Juan Carlos Peinado decidió archivar de manera definitiva la causa contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, dentro del procedimiento que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La decisión llegó tras el pronunciamiento firme de la Audiencia Provincial, que rechazó su investigación al no hallar indicios delictivos.
En un auto al que tuvo acceso la agencia EFE, el magistrado sostuvo que quedó “plenamente acreditado” que Martín no participó en un delito de malversación de caudales públicos.
Con este argumento, acordó el sobreseimiento libre de la causa respecto del delegado del Gobierno, quien había estado investigado desde mayo.
¿Por qué la Audiencia de Madrid descartó la imputación de Francisco Martín?
La Audiencia Provincial de Madrid concluyó que no existía “el más mínimo indicio” que vinculara a Francisco Martín con una supuesta desviación de funciones públicas.
En particular, descartó que, durante su etapa como secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 2021 y 2023, hubiera tenido participación en las tareas atribuidas a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez.
Los magistrados estimaron los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a los que se sumaron las defensas de Begoña Gómez y de la propia Álvarez.
En su resolución, señalaron que la querella presentada por Vox se apoyaba en “meras suposiciones” y que no constaba que Martín conociera un eventual exceso de funciones de la asesora.
Además, el órgano judicial subrayó que no quedó acreditado que Francisco Martín hubiera tenido conocimiento de una utilización irregular de recursos públicos. Este razonamiento cerró la posibilidad de mantenerlo dentro de la investigación penal.
¿Cómo continúa la causa que instruye el juez Peinado?
Pese al archivo definitivo para el delegado del Gobierno, la investigación principal sigue en curso. El juez Peinado mantiene imputada a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
También continúa investigada Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés afronta imputaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El procedimiento analiza si la esposa del presidente del Gobierno influyó en favor de empresas de Barrabés, adjudicatarias de contratos públicos, así como su papel en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, la causa indaga si existió un uso indebido de recursos públicos para actividades de carácter privado.
