La seguridad ferroviaria se ha convertido en el eje de una nueva escalada de tensión entre sindicatos y Gobierno. Tras los accidentes graves en Adamuz y Gelida, las organizaciones de trabajadores advierten que la situación actual no es sostenible ni para quienes operan los trenes ni para los usuarios.
En ese contexto, Comisiones Obreras (CCOO) ha elevado el tono y no descarta huelgas y medidas de presión si no se adoptan cambios inmediatos. El sindicato reclama compromisos concretos, más recursos y protocolos claros que eviten repetir tragedias recientes, mientras el Ministerio de Transportes insiste en la vía del diálogo para frenar un conflicto que amenaza con paralizar el servicio.
CCOO endurece su postura y pone la seguridad en el centro
CCOO subrayó que “la seguridad de los trabajadores ferroviarios y de los usuarios no puede seguir en la situación actual” y advirtió que, ante la falta de actuaciones suficientes, convocará las jornadas de huelga o las medidas de presión que considere necesarias. El sindicato sostiene que no es admisible que quienes garantizan el funcionamiento diario del ferrocarril vean comprometida su integridad física.
“No es aceptable que quienes garantizan cada día el funcionamiento del transporte ferroviario vean comprometida su integridad física mientras desempeñan su trabajo”, denunció CCOO en un comunicado. La organización insiste en que el objetivo de las movilizaciones no es el paro en sí mismo, sino forzar acuerdos verificables que refuercen la prevención y la respuesta ante emergencias.
Entre las exigencias, CCOO reclama la adopción inmediata de medidas reales y eficaces, la revisión y refuerzo de los protocolos de seguridad y una investigación rigurosa de los últimos sucesos. Además, considera imprescindible establecer protocolos claros y coordinados entre Renfe, Adif y Protección Civil para proteger al personal en situaciones de riesgo.
Accidentes recientes y el impacto en el sector
La advertencia sindical llega tras una sucesión de accidentes que han sacudido al sector. El más grave ocurrió el domingo en Adamuz (Córdoba), con 43 fallecidos, y se suma al siniestro registrado en Gelida (Barcelona), donde murió un maquinista en prácticas. Estos hechos han reabierto el debate sobre la fiabilidad de la red y las condiciones de trabajo.
En paralelo, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) anunció una huelga general para reclamar garantías de seguridad y denunciar el deterioro del sistema. “Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril”, señaló la organización en su comunicado.
CCOO expresó su consternación por la muerte del maquinista en prácticas y trasladó su pésame y reconocimiento “a quien perdió la vida cumpliendo con su labor al servicio del ferrocarril”. Para el sindicato, estos episodios confirman que las medidas actuales son insuficientes y que el riesgo persiste si no se actúa con rapidez.
El Gobierno llama al diálogo para evitar la huelga
Desde el Ejecutivo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió la negociación como vía prioritaria para evitar un paro que, a su juicio, “no contribuirá en nada”. En una entrevista en TVE, Puente aseguró que su departamento se sentará con los sindicatos para intentar un acuerdo y reconoció la “zozobra” de los trabajadores tras los últimos accidentes.
“Nosotros vamos a sentarnos a dialogar y acordar para intentar llegar a un acuerdo que no conlleve una huelga. Ellos están, por supuesto, en su derecho de hacerlo, pero tampoco creo que vaya a contribuir en nada”, afirmó el ministro. Añadió que la mejor forma de abordar el problema es “sentarse en una mesa” y analizar qué medidas pueden adoptarse para mejorar la seguridad o la sensación de seguridad de trabajadores y usuarios.
Puente remarcó que la huelga aún no está convocada y que existe margen para alcanzar consensos. “Todavía no está convocada, tenemos tiempo y, desde luego, disposición para el acuerdo”, recalcó.
Mientras tanto, el clima en el sector sigue marcado por la incertidumbre. Con los sindicatos presionando por cambios inmediatos y el Gobierno apelando a la negociación, la seguridad ferroviaria se consolida como el principal desafío a resolver para evitar un conflicto laboral de gran impacto en el transporte público.