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El juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos el próximo día 15 a los dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez en marzo y en abril de 2025, en el marco de una causa que investiga una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno. La decisión judicial deja además en suspenso la citación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que queda pendiente de una eventual ampliación de las diligencias.
La resolución, recogida en una providencia a la que ha tenido acceso EFE, responde a la petición de la acusación popular liderada por el PP, que había solicitado la declaración de los principales participantes en los encuentros. El juez accede a citar al teniente fiscal Diego Villafañe y a la fiscal adscrita a la Secretaría Técnica Beatriz López, mientras que el resto de testificales “se acordarán si fueran precisas” en función del resultado de estas primeras declaraciones.
El juez limita por ahora las citaciones y deja abierta la comparecencia de García Ortiz
En su resolución, el magistrado Pedraz atiende parcialmente la solicitud de la acusación popular y centra las primeras diligencias en los dos fiscales que participaron en las reuniones con Leire Díez. En concreto, la providencia establece que las otras citaciones solicitadas, entre ellas la del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, la fiscal Ana Isabel García León y el jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General, dependerán de la evolución de las declaraciones ya acordadas.
El escrito judicial se basa en las reuniones mantenidas entre el abogado Jacobo Teijelo, representante del exdirigente socialista Santos Cerdán, y Leire Díez con el entonces mano derecha del ex fiscal general, Diego Villafañe, encuentros “en las que se expusieron hechos con eventual relevancia penal”, según la acusación popular.
Las reuniones bajo análisis y la petición de “esclarecimiento adicional” de la acusación popular
Las acusaciones populares solicitaron estas declaraciones en el marco de la investigación sobre una supuesta trama orientada a interferir en actuaciones policiales y judiciales. Tras analizar el oficio de la Fiscalía General y la declaración de Teijelo, que se acogió al secreto profesional y no aportó detalles sobre los encuentros, las partes personadas consideran necesario un “esclarecimiento adicional” por “la existencia de reuniones reconocidas, la ausencia de registro formal de accesos y la limitada concreción sobre el contenido y finalidad de dichos encuentros”.
En el caso de Villafañe, la acusación sostiene que su declaración “se revela imprescindible para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas”. Sobre la fiscal Beatriz López, su citación se solicita por razones de contradicción y corroboración al tratarse de una testigo directa de los hechos.
Respecto a Álvaro García Ortiz, las acusaciones consideran necesaria su comparecencia para determinar si tuvo conocimiento del contenido de las reuniones, las instrucciones o directrices que pudo impartir, las razones por las que no se promovió actuación procesal pese a la posible relevancia penal detectada y el motivo por el que estos contactos no quedaron registrados oficialmente.
El papel de los testigos y las dudas sobre el registro de las reuniones en la Fiscalía
El análisis del caso también incluye la posible declaración del jefe de seguridad de la Fiscalía General, ya que, según la acusación, “no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio”, lo que “introduce una evidente laguna probatoria”. Este elemento es considerado relevante para reconstruir el desarrollo de los encuentros investigados.
Por último, la fiscal Ana Isabel García León ha sido incluida en la solicitud de testificales con el objetivo de evitar interpretaciones parciales de los hechos y garantizar una visión completa del contexto en el que se produjeron las reuniones entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y los fiscales implicados.
